La Asamblea Nacional tiene sobre la mesa una nueva propuesta para modificar los descuentos que reciben los jubilados y pensionados en Panamá. El anteproyecto de ley, presentado por el diputado Javier Sucre Mejía, busca actualizar la Ley 6 del 16 de junio de 1987, que regula estos beneficios.
La iniciativa llega dos semanas después de que el presidente José Raúl Mulino vetara en su totalidad el Proyecto de Ley 226 por razones de inconveniencia e inexequibilidad. Con el veto, el Ejecutivo frenó una propuesta que buscaba ampliar los beneficios para los adultos mayores, pero que también generó cuestionamientos sobre quién asumiría el costo de los descuentos.
Durante las consultas sobre el proyecto vetado, representantes del sector empresarial advirtieron que ampliar las rebajas sin establecer un mecanismo efectivo de compensación trasladaría la carga económica a los comercios. La preocupación se centró especialmente en las pequeñas empresas, cuya capacidad para absorber descuentos obligatorios es menor que la de las grandes cadenas.
Un nuevo mecanismo de compensación
El nuevo anteproyecto busca responder a ese cuestionamiento mediante la creación de un Fondo del Programa de Apoyo a la Microempresa, administrado a través de un fideicomiso. La propuesta contempla que las microempresas acreditadas ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) reciban reembolsos por los descuentos concedidos, siempre que estos estén debidamente facturados.
Según el texto, las compensaciones se entregarían en un plazo de uno a tres meses. El mecanismo busca evitar que las microempresas asuman de forma permanente el costo de los beneficios otorgados a los jubilados. La viabilidad del fondo, sin embargo, dependerá de su financiamiento y de las condiciones que se establezcan para su funcionamiento.
El anteproyecto también propone un crédito fiscal equivalente al 100% del Impuesto sobre la Renta (ISR) para los contribuyentes que cumplan las condiciones previstas. El beneficio podría cederse a terceros y estaría disponible para las declaraciones del impuesto correspondientes a partir del 1 de enero de 2027. La propuesta combina así el reembolso directo a las microempresas con un incentivo tributario para los contribuyentes.
Los beneficios propuestos
En materia de salud, la iniciativa establece un descuento del 25% en la compra de medicamentos prescritos. La cifra supera el 10% contemplado en la legislación vigente desde 1987, pero se sitúa por debajo de los descuentos de hasta el 40% planteados durante las discusiones anteriores. El porcentaje definitivo será uno de los puntos que deberá examinar la Asamblea durante el trámite legislativo.
Para los pacientes con cáncer, el documento propone una rebaja del 30% en terapias, medicamentos e insumos relacionados con sus tratamientos. También fija un descuento del 25% en los honorarios de medicina general y especialidades médicas, mientras mantiene una reducción del 15% en los servicios de optometría y oftalmología.
La propuesta amplía, además, los beneficios relacionados con la movilidad y el cuidado de los adultos mayores. Incluye un descuento del 25% en la compra de sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias y colchones antiescaras. Con ello, busca ampliar la cobertura de los descuentos a equipos y artículos destinados a atender necesidades de movilidad y cuidados específicos.
En restaurantes y establecimientos de franquicias, el anteproyecto plantea un descuento del 25% en los consumos individuales. La propuesta elimina la diferencia prevista en la ley actual entre los restaurantes regulares, que tienen una rebaja del 25%, y los establecimientos de comida rápida, cuyo descuento es del 15%. También reduce al 25% la rebaja planteada, en versiones anteriores del proyecto vetado, en un 35%.
Servicios públicos y fiscalización
En los servicios públicos, el texto establece un descuento del 30% en la factura mensual de electricidad para clientes residenciales cuyo consumo no supere los 600 kilovatios hora. La iniciativa también incorpora beneficios para servicios que no estaban contemplados expresamente en la legislación de 1987: propone una rebaja del 30% en las facturas de internet residencial y televisión por cable, siempre que el costo mensual del contrato no supere los $50.
Otro de los puntos del anteproyecto se refiere a las promociones comerciales. Cuando un establecimiento ofrezca un producto o servicio a precio rebajado, el jubilado tendría derecho a un descuento adicional del 15% sobre ese precio promocional. Para aplicar la medida, los comercios deberán mostrar de forma transparente tanto el precio regular como el precio de la oferta.
La fiscalización de los beneficios pasaría a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en sustitución del esquema de supervisión municipal contemplado en la ley original. El documento establece multas de entre $500 y $10,000, determinadas según la facturación del establecimiento infractor. En caso de reincidencia, las sanciones podrían duplicarse.
El anteproyecto dispone que los ingresos obtenidos por esas multas se distribuyan en partes iguales: el 50% iría al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados (FEJUPEN), mientras que el otro 50% se destinaría al Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social, regulado por la Ley 438. La distribución propuesta vincula las sanciones comerciales con el financiamiento de programas dirigidos a los adultos mayores.
La discusión legislativa volverá a enfrentar dos posiciones: la de los jubilados, que reclaman mayor capacidad de compra ante el costo de la vida y el estancamiento de las pensiones, y la del sector empresarial, que exige mecanismos de compensación sostenibles.
El debate
Organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ya habían expresado reservas frente a la propuesta anterior. En contraste, agrupaciones de adultos mayores, entre ellas el Movimiento Mundos, defienden la ampliación de los beneficios.
Tras la recepción formal de la iniciativa por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, el proyecto deberá seguir el trámite legislativo correspondiente. El reto será definir descuentos que alivien los gastos de más de medio millón de adultos mayores sin imponer una carga que los comercios más pequeños no puedan sostener.
Guillermo Cortés, coordinador del Movimiento de Jubilados Mundos, dijo que el grupo aceptó mantener sin cambios los descuentos para los sectores de hotelería, cruceros y servicios técnicos, luego de que representantes de la empresa privada participaran en las discusiones con el presidente José Raúl Mulino.
Cortés expresó su expectativa de que la iniciativa avance sin obstáculos y sea remitida a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. También espera que el proyecto reciba el respaldo necesario antes del 29 de octubre, cuando termina el periodo de sesiones ordinarias.
