Los subsidios otorgados por el Gobierno en concepto de becas escolares o vales digitales - canjeables en supermercados y tiendas departamentales- se han vuelto una pesada carga para los comercios que los aceptan como mecanismo de pago por parte de los clientes beneficiados con las subvenciones.
Se supone que luego de aceptar este método de pago, los comercios, abarroterías y cadenas de supermercados deben presentar las cuentas al Estado para que se les transfieran los fondos correspondientes a las compras facturadas, pero desde octubre no se cancelan las cuentas.
Esto representa una deuda de $60 millones, reveló Rodolfo Adames, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa).
Adames alertó que el manejo de esta deuda es insostenible para algunos comercios que no tienen el “músculo financiero” ni las facilidades de seguir operando con cuentas tan abultadas, por lo que no descarta el cierre de negocios en caso de que la situación actual se siga extendiendo. El problema ya lo han transferido a sus proveedores, con quienes ahora tienen pagos atrasados de hasta 90 días por el problema de liquidez.
“Las cadenas de supermercados y los almacenes y tiendas departamentales son los comercios en donde el pueblo panameño utiliza de forma rápida y efectiva los subsidios. Detrás de estos comercios existe una gran cadena: productores, proveedores, distribuidores, entre otros, y al no recibir los pagos, según los compromisos establecidos, se perjudica de manera contundente al pueblo panameño”, destaca una carta de Acovipa y los Almacenes y Tiendas Departamentales de Panamá enviada al Ministerio de Desarrollo Social desde el pasado 2 de marzo.
Adames explicó que a la deuda de los $60 millones habría que agregarle otros $30 millones correspondientes a los bonos y subvenciones de febrero. Esto significa que a los comercios se les estaría adeudando unos $90 millones.
Relató que el problema tiene su génesis en los cambios realizados en la plataforma en la que se registran las transacciones desde finales del año pasado.
Es por ello que además de reunirse con la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, también han sostenido conversaciones con el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, sin que hasta la fecha se haya solucionado el inconveniente.
La falta de pago a los supermercados y tiendas departamentales se ha unido al impago del Gobierno a las constructoras que forman parte del Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). En este caso se les debe $50 millones, como parte de un programa que implica un aporte o subsidio de 10 mil dólares que se otorga a través del Miviot a las personas que desean adquirir su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los 70 mil dólares.
