FINANZAS PúBLICAS

Una deuda pública invisible que crece

Una deuda pública invisible que crece
Una deuda pública invisible que crece

En abril de 2011, cuando todavía existía en la pasada administración la alianza de gobierno entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, se aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que excluyó a tres empresas públicas del paraguas del sector público no financiero.

Se trata de Tocumen, S.A., la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (Etesa). La deuda contraída por estas tres empresas no se suma a la del resto del sector público y por lo tanto queda fuera del control que debe ejercer sobre el gasto público la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Desde que se aprobó esa modificación legal, las tres entidades se han embarcado en grandes proyectos de infraestructura que han requerido diferentes formas de endeudamiento. Un cálculo a partir de cifras oficiales revela que actualmente las tres entidades acumulan una deuda financiera de $1,728.2 millones, cifra que no incluye los contratos llave en mano asignados por estas entidades. Si ese monto se suma a los $19 mil 966.1 millones de deuda registrada por el sector público no financiero, el saldo total de la deuda ascendería a $21 mil 694.1 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que las deudas son de las empresas y que no consolidan con el Gobierno Nacional. “Lo tenemos contabilizado, pero no consolida”, puntualizó. El argumento del Gobierno, en el pasado y ahora, es que estas empresas generan sus ingresos propios, que son los que respaldan su deuda. 

“Deberíamos hacer un ejercicio paralelo de servicio de deuda que incluya la deuda total del país; incluyendo aquellas sociedades anónimas en las que el Estado es 100% dueño”.


Carlos Araúz
Economista

Pero algunos analistas tienen una opinión diferente. El economista Carlos Araúz dijo que “técnicamente, los inversionistas están tomando riesgos no avalados por el crédito de la República de Panamá... Pero esto es un mero tecnicismo: ¿Realmente pensamos que el Gobierno/Estado no intervendría si el aeropuerto no cumple con pagos en sus obligaciones?”, manifestó.

Araúz instó a que, en aras de la transparencia, “deberíamos hacer un ejercicio paralelo de servicio de deuda que incluya la deuda total del país; incluyendo aquellas sociedades anónimas en las que el Estado es 100% dueño”.

ENA y el cuarto puente

De las tres entidades en cuestión, el saldo más abultado le corresponde a ENA, creada para la compra y posterior administración de las concesiones de los corredores Norte y Sur. La empresa hizo tres emisiones de bonos: la primera, de $395 millones, para comprar el corredor Sur; la segunda, de $600 millones, para pagar por la concesión del corredor Norte; y una tercera de $212 millones para financiar la extensión del corredor Norte hacia el este de la ciudad. De las tres emisiones queda un saldo pendiente por pagar de $1,018.2 millones.

El peaje de los corredores genera unos ingresos anuales de $140 millones, monto que se utiliza para pagar los gastos de administración y mantenimiento de las vías, y para ir saldando una deuda que quedará completamente pagada en 2028, cuando vence la emisión de bonos del corredor Norte, confirmó el gerente general de ENA, Carlos Barnes.

La deuda de ENA podría dispararse si esta entidad es la encargada de contratar el financiamiento del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, obra que costaría alrededor de mil millones de dólares, según las estimaciones preliminares. Una de las opciones que baraja el Ejecutivo para financiar el puente es hacer una nueva emisión de bonos a través de ENA, en concreto de un fideicomiso que se llamaría ENA Oeste.

La deuda sería saldada a través de peajes que pagarían los usuarios del puente, un modelo similar al utilizado para la compra de los corredores y sus extensiones.

Al ser muy abultada esta deuda, se contemplan también otras fuentes de pago como aportes del Estado o utilizar los ingresos que generaría la eventual venta de tierras en las que actualmente se encuentra el aeropuerto de Albrook, cuyas operaciones serían desplazadas al aeropuerto de Howard.

Si finalmente ENA es la entidad que asume el financiamiento y la posterior administración del cuarto puente, el Gobierno estaría aprovechando la ventana que se abrió en 2011 para ejecutar un proyecto ambicioso y contratar deuda sin que esta consolide con el resto del sector público.

Para Araúz, “el ejercicio que habría que hacer es entender los costos del cuarto puente y los flujos que deben generarse para repagar la inversión”. Según el economista, “no es descabellado pensar en una emisión exclusiva de deuda para el cuarto puente con un financiamiento independiente que se repague con los peajes de quienes lo usan”. No obstante, advirtió de que en la coyuntura actual de tasas bajas, “es muy fácil emitir deuda barata, pero proyectos de esta envergadura deben verse a través de un matiz de posibles adversidades y sobrecostos”.

Tocumen y Etesa

Situaciones similares a la de ENA se repiten en Tocumen, S.A. y en Etesa. Tocumen lanzó durante la pasada administración una emisión de bonos por $650 millones. Temístocles Rosas, vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A., dijo que en la actualidad la deuda se mantiene en $646 millones.

No obstante, ese monto se elevará el próximo año, cuando Tocumen, S.A. tiene previsto lanzar una nueva emisión de bonos, esta vez por $625 millones, que serán utilizados para completar la nueva terminal del aeropuerto internacional. De La Guardia, quien preside la junta directiva de Tocumen, S.A., dijo que el objetivo es mantener el grado de inversión y destacó la mejora en las finanzas de la entidad.

La exclusión de estas empresas del sector público no financiero “ha demostrado ser en extremo tentadora para funcionarios que encuentran cómodo e indulgente el aumentar el abultado endeudamiento de Tocumen, Etesa y ENA para financiar nuevos proyectos".


Fernando Gómez Arbeláez
Economista

Etesa, por su parte, tiene una deuda financiera de $64 millones, según consta en una presentación reciente del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, la empresa estatal aún debe pagar los $273 millones del contrato llave en mano para la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica, proyecto que fue adjudicado durante la pasada administración a la constructora Norberto Odebrecht.

También deberá obtener financiamiento para el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, cuyo costo total se calcula en $450 millones, de los que la mitad deberán ser aportados por la empresa panameña.

Para el economista Fernando Gómez-Arbeláez, la exclusión de estas empresas del sector público no financiero “ha demostrado ser en extremo tentadora para funcionarios que encuentran cómodo e indulgente el aumentar el abultado endeudamiento de Tocumen, Etesa y ENA para financiar nuevos proyectos...Parecen olvidar que las nuevas deudas de todas maneras deberán pagarse con ingresos que de otra manera hubieran acrecentado al Tesoro Nacional”.

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