El Consejo de Gabinete aprobó este martes 20 de octubre modificar el presupuesto general del Estado para la vigencia de 2027, atendiendo recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) e incrementando asignaciones a diferentes instituciones por un monto de $186.8 millones.
Estas modificaciones favorecen a 13 entidades del Gobierno Central y a 17 entidades descentralizadas.
Entre las modificaciones propuestas por la Comisión de Presupuesto y acuerpadas por el Gabinete está el incremento de $23 millones solicitados por la Asamblea, para sus gastos de “funcionamiento”. También hay $10 millones más para la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).
Aunque la Presidencia de la República señala que las modificaciones son por $186.8 millones, en la Resolución de Gabinete 116 del 20 de octubre de 2026 se aprecia un monto superior: $450.8 millones, de los cuales $170.3 corresponden a funcionamiento y $280.4 a inversión.
El presupuesto se mantiene su monto global original, que es de poco más de $35,111 millones.
En contraste, al Ministerio de Educación (Meduca) se le restaron $15.4 millones a su presupuesto. También disminuyeron los montos de la Autoridad Nacional de Descentralización y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, que tendrán $18.2 millones y $517,843 menos, respectivamente.
También disminuye el monto asignado al servicio de la deuda: ahora hay que restarle $416.6 millones.
La Presidencia informó que el proyecto de presupuesto contempla un déficit fiscal acorde con los objetivos de consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y cumplimiento de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Tras recibir las recomendaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la evaluación técnica, presupuestaria y fiscal, considerando la disponibilidad de recursos, la naturaleza y prioridad de los gastos solicitados, su viabilidad de ejecución y la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas.
De igual forma, la resolución de modificación indica que determinadas solicitudes, relacionadas con infraestructuras hospitalarias afectadas por el terremoto, serán atendidas mediante los mecanismos extraordinarios establecidos para dicha emergencia, evitando duplicidades en la asignación de recursos.
Además, se contemplan las necesidades ordinarias de funcionamiento e inversión pública, los riesgos derivados de fenómenos naturales y climáticos que puedan afectar a la población, la infraestructura, las actividades productivas y la prestación de los servicios públicos esenciales.
Estas modificaciones deberán ser incorporadas al proyecto de ley 644, que contempla el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027.
