Las seis constructoras españolas multadas por haber alterado durante 25 años la competencia en miles de licitaciones para construir infraestructuras públicas en su país aparentaban tener altos estándares de gobierno corporativo, códigos de ética y reglamentos anticorrupción.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con $207 millones a Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr por haber concertado entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.
¿Qué profesaban en el ámbito ético y moral los grandes actores de la construcción mientras formaron un grupo que se reunía semanalmente para analizar las licitaciones que publicaba el Estado?
Acciona es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2005. Anualmente, confirma su compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial, basados en el respeto de los derechos humanos y laborales, protección medioambiental y la lucha contra la corrupción.
FCC asegura a través de su página web que trabaja con un código ético y de conducta, considerado su norma de mayor rango y en la que se establecen las pautas de conducta que orienta la actuación de sus profesionales en asuntos de orden ético, social y ambiental. Incluye cuestiones relacionadas, entre otras, con la corrupción y el soborno.
Ferrovial, por su parte, alega que la integridad es uno de sus valores fundacionales, resumidos en su código de ética empresarial.
Sacyr, por su lado, tiene un código de conducta que es la “base y fundamento del modelo de cumplimiento normativo, de prevención penal y de defensa de la competencia”.
Dragados mercadea sus normas para la prevención y detección de actividades de corrupción y soborno. Y así sucesivamente, todas cumplían “en papel” con las políticas de conducta que se esperarían entre las grandes constructoras españolas.
Mientras, la CNMC validó que las empresas participaban de reuniones semanales, en las que decidían los concursos en los que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones.
Las empresas multadas discrepan de la resolución de la CNMC. La agencia de noticias EFE reveló que cuatro de ellas ya han anunciado que interpondrán un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, para lo cual disponen de un plazo de dos meses, contados desde el 7 de julio.
