Un tribunal de arbitraje de Miami (Estados Unidos) ha reconocido al Grupo Unidos por el Canal (GUPC) el derecho a recibir $35 millones más de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por costes laborales del proyecto de ampliación de la vía interoceánica.
La constructora española Sacyr posee un 41.6% de ese consorcio, de manera le corresponderían $14.56 millones.
Según informó esta compañía este martes, el tribunal de arbitraje ICC ha emitido un laudo referido al arbitraje sobre “Compuertas y costes laborales”.
GUPC lo interpuso a raíz del conflicto con la ACP por los sobrecostes de la obra del proyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
El tribunal de arbitraje ha considerado por unanimidad que GUPC tiene derecho a recibir $35 millones adicionales por las reclamaciones laborales a lo ya otorgado anteriormente por la resolución del Dispute Adjudication Board (DAB) o Junta de Resolución de Disputas.
No obstante, el tribunal ICC sólo ha estimado parcialmente la reclamación de GUPC, pues ha rechazado, aunque en este caso no de manera unánime, la petición del consorcio por el rediseño de las compuertas que tuvo que hacer para adecuarlas al proyecto.
El consorcio GUPC, integrado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, se adjudicó en 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas del canal por valor de $3,118 millones, pero el coste final fue más alto.
GUPC entregó la ampliación del canal en 2016 y durante tres años fue el encargado de su mantenimiento.
En febrero de 2022, el consorcio recibió el “Performance Certificate” por parte de la ACP y se devolvieron todas las garantías hasta el momento otorgadas por GUPC, según explica Sacyr.