El estudio del impacto económico actualizado del cierre del proyecto Cobre Panamá ya hace parte, de manera formal, del análisis que realiza la Comisión Interministerial encargada de recomendar al presidente José Raúl Mulino cuál será el futuro de la operación minera suspendida en diciembre de 2023.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) entregó a esa comisión un estudio que cuantifica en 30,277 los empleos afectados al cierre de 2025 y estima en $4,851.1 millones la pérdida acumulada de producto interno bruto (PIB) real entre 2024 y 2025.
El resumen del documento, al que tuvo acceso La Prensa, calcula en $2,004.7 millones las compras locales que dejaron de realizarse y fija en $1,360.9 millones la pérdida en impuestos y regalías durante esos dos años.
El informe fue entregado por el presidente del CoNep, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino, junto a Antonio Fletcher, expresidente; Severo Sousa, expresidente; Fanny Salmunido, economista, y Analisa Montenegro, directora ejecutiva.
Recibieron el documento Óscar Vallarino, viceministro de Ambiente; Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía; María Cristina Vilá de Van Hoorde, jefa de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Deidamia Batista, jefa de gabinete del Ministerio de Comercio e Industria (Mici). Estas tres entidades conforman la comisión interministerial.
Trascendió que los tres ministros que integran la comisión (Felipe Chapman, Juan Carlos Navarro y Julio Moltó) analizarán los hallazgos del estudio junto con representantes del CoNEP y los especialistas que participaron en su elaboración, en una reunión prevista para los próximos días.
Así se clasifican los empleos perdidos
El estudio, elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CoNEP, actualiza las repercusiones del cierre entre 2023 y 2025 y analiza sus efectos desde el mercado laboral hasta las finanzas públicas.
Según la investigación, al cierre de 2025 habían sido afectados 30,277 trabajadores. De ellos, 6,442 corresponden a puestos directos que desaparecieron al pasar la operación de 7,862 trabajadores en 2023 a 1,420 vinculados a labores de preservación.
Los otros 23,835 corresponden a empleos indirectos e inducidos asociados a la actividad minera.
El estudio calcula que esa cifra representa el 13.3% del total de desempleados del país, aproximadamente uno de cada 7.5 desempleados.
Bajo un escenario en el que el clúster minero hubiera continuado activo, la investigación estima que la tasa de desempleo nacional habría sido de 9%, frente al 10.4% registrado en el escenario posterior al cierre.
El impacto tampoco se habría concentrado únicamente en las comunidades cercanas a la mina.
El 84.8% de los trabajadores directos de Cobre Panamá provenía de provincias distintas del país. Coclé aportaba 2,813 trabajadores directos en 2023, seguido de Panamá, con 1,196; Colón, con 985, y Chiriquí, con 844.
El reto de reemplazar el aporte minero
El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que el reporte también incluyó el análisis sobre qué sectores tendrían la capacidad de sustituir el aporte que representaba la actividad minera.
Bajo esa metodología, el turismo necesitaría 114.8 años y la manufactura 86.4 años para alcanzar ese equivalente.
Los sectores con mayor capacidad de generar ese producto en un periodo menor —como comercio, construcción y transporte— tienen una relación importante con la cadena de valor de Cobre Panamá. Por esa razón, no pueden considerarse sustitutos independientes de la actividad minera.
La Comisión Interministerial espera presentar su análisis y recomendación al presidente en las próximas semanas. No se ha comunicado una fecha exacta, pero el plan era tener un diagnóstico antes de finalizar el año.
El cierre de la mina Cobre Panamá ocurrió en noviembre de 2023, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que dio vida al contrato de concesión minera. La orden se produjo después de que miles de panameños salieran a protestar contra la mina, al considerar que dañaba el medio ambiente.
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