Los funcionarios con jurisdicción y mando tienen dos meses para presentar su declaración patrimonial, ante el cambio en la gestión pública previsto para el 1 de julio, con la llegada de José Raúl Mulino.
Así lo advirtió la Contraloría General de la República, que comunicó este miércoles 8 de mayo la obligación de presentar una copia autenticada de su declaración jurada de estado patrimonial.
Según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 59 de 1999, este procedimiento debe llevarse a cabo una vez finalizadas las funciones el próximo 30 de junio de 2024.
De acuerdo con la norma, el presidente Laurentino Cortizo; y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien perdió las elecciones como candidato oficialista, deben cumplir con este requisito.
También los ministros y viceministros, el propio contralor general, Gerardo Solís; el presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, reelecto en Darién. El contralor deja su cargo en diciembre, cuando deberá hacer el reporte.
Las declaraciones patrimoniales no se divulgan, por lo que la ciudadanía no podrá comparar la diferencia en el patrimonio de los funcionarios cuando entraron y cuando salen del cargo.
La norma alcanza a los rectores y vicerrectores de universidades oficiales, los directores generales, y los gerente o jefes de entidades autónoma.
Los que dejan los cargos deben decir cuáles son sus bienes y también los que toman posesión de sus nuevos cargos.
La omisión de esta obligación conlleva la aplicación de las sanciones contempladas en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley 59 de 1999, la cual regula el artículo 299 de la Constitución Política y establece diversas medidas contra la corrupción administrativa.
