El Consejo de Gabinete aprobó este martes 27 de febrero una resolución a través de la cual instruye a varias entidades estatales a adoptar las medidas administrativas para que se cumpla la sentencia emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, por la cual se aprobó el contrato ley celebrado entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.
Se trata de la Resolución de Gabinete 19-24, que establece las bases para elaborar e implementar el cierre final ordenado de la actividad. De igual forma, instruye a todos los ministerios e instituciones centralizadas y descentralizadas relacionadas −según sus competencias y funciones legales− continuar con las medidas administrativas necesarias para elaborar e implementar el Plan Ordenado de Cierre Definitivo de la mina Cobre Panamá.
La Presidencia detalló que la medida establece que los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y Ambiente (MiAmbiente) deberán adoptar las medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales y según la legislación ambiental vigente, a fin de que Minera Panamá S.A. “garantice la estabilidad física y química de los ecosistemas ambientales e infraestructuras” en la mina y sus zonas aledañas. Esto, mediante la ejecución de un plan de preservación ambiental y gestión segura (cuido y mantenimiento) como fase temporal y primer paso hacia el plan ordenado de cierre definitivo.
Y se instruye al Instituto de Planificación para el Desarrollo, por intermedio del @Mef_Pma, a establecer las bases para formular, aprobar y ejecutar una Estrategia para la sustitución sostenible de la minería metálica en el Producto Interno Bruto Nacional.
— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) February 28, 2024
Según la resolución aprobada, el Ministerio de Salud deberá adoptar las medidas sanitarias dirigidas a formular, supervisar y evaluar estrategias de prevención y control de la salud en general, mientras que el MiAmbiente adoptará las medidas administrativas necesarias para que se realice una Auditoría Ambiental de Cierre, con la finalidad de identificar la situación ambiental de la mina, los riesgos ambientales y sus medidas de mitigación.
Lea también: El Mici advierte a Minera Panamá que el gobierno es el único responsable de las visitas a la mina
Asimismo la resolución contempla la realización de una auditoría integral de control de gestión de procesos mineros, a fin de que el Estado panameño “obtenga la información técnica pertinente para una aplicación y fiscalización óptima de los procesos requeridos para la ejecución del Plan Ordenado de Cierre Definitivo.
En noviembre pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró, por unanimidad, que Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y Minera Panamá, es inconstitucional.
Se establece que el Mici junto al MEF coordinarán y realizarán los actos administrativos necesarios para garantizar la defensa de los intereses de la República de Panamá ante cualquier instancia nacional o internacional. Esto, tomando en cuenta que la minera canadiense First Quantum Minerals, tenedora de Minera Panamá, ha dicho que buscaría $20,000 millones de dólares a través de un arbitraje internacional, después de que Panamá ordenara el cierre de la mina de cobre insignia de la compañía.
Lea también: First Quantum reclamaría $20 mil millones a Panamá, tras el cierre de la mina
La Resolución de Gabinete 19-24 indica también que el Instituto de Planificación para el Desarrollo, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá las bases para formular, aprobar y ejecutar una estrategia para la sustitución sostenible de la minería metálica en el Producto Interno Bruto Nacional.
Lea también: Minería, agua potable, cierre de vertederos y el Canal: los retos del desarrollo sostenible
