Nada parece casual. De hecho, la secuencia de acontecimientos luce calculada.
El anuncio del presidente José Raúl Mulino de iniciar conversaciones formales con First Quantum Minerals para explorar un posible acuerdo sobre el proyecto Cobre Panamá llega justo cuando el país se acerca a una decisión clave de Moody’s sobre su grado de inversión.
Moody’s mantiene a Panamá en Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión, pero con perspectiva negativa desde noviembre de 2024. En septiembre pasado, durante el foro Inside LatAm: Panamá 2026, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la calificadora, dijo que la agencia esperaba resolver esa perspectiva antes de finalizar 2026. Noviembre parece ser la fecha clave.
En sus evaluaciones, Moody’s ha identificado el cierre de Cobre Panamá como un factor que debilitó la actividad económica y las perspectivas de crecimiento, además de añadir riesgos fiscales por los litigios internacionales derivados de la paralización del proyecto.
En su análisis de 2025, la calificadora advirtió que los reclamos de First Quantum podían convertirse en una contingencia financiera para el Estado. Más recientemente, en mayo de 2026, señaló que una eventual reapertura mediante una solución negociada podría representar una fuente recurrente de ingresos públicos y mejorar el desempeño fiscal.
Reusche también ha advertido que el desenlace del proyecto puede tener efectos muy distintos sobre las finanzas públicas, dependiendo de cómo se resuelva.
Esa valoración cobra relevancia ahora que el Gobierno ha decidido abrir conversaciones formales con la empresa, aunque todavía no existe un acuerdo que permita cuantificar sus posibles beneficios económicos.
La revisión de Moody’s, sin embargo, va más allá de la mina. La calificadora ha señalado como debilidades del perfil crediticio panameño el aumento de la deuda pública, el elevado peso de los intereses, la baja recaudación tributaria y la rigidez del gasto. También observa si el Gobierno podrá sostener las medidas de consolidación fiscal y las reformas estructurales más allá de la actual administración.
Un anuncio en medio de la evaluación crediticia
En paralelo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, viajó a Nueva York para reunirse con inversionistas, acreedores, calificadoras de riesgo y bancos.
Los encuentros de Chapman se producirán en un momento en el que Panamá necesita mantener la confianza de quienes financian su deuda y demostrar que tiene una ruta para atender sus desafíos fiscales. En esas conversaciones, el futuro de la mina difícilmente quedará fuera del radar.
Este lunes 16 de noviembre, Mulino anunció que el Gobierno iniciará conversaciones formales con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, para explorar un acuerdo que permita evaluar una eventual reactivación de la actividad minera bajo condiciones establecidas por el Estado.
El presidente aclaró que no se tratará de una nueva concesión y que cualquier fórmula deberá respetar la Constitución y las leyes panameñas. Entre las condiciones planteadas están que el país obtenga los mayores beneficios económicos posibles, la generación de empleos para panameños, controles ambientales independientes, el registro abierto de los materiales extraídos y la terminación de los procesos arbitrales contra el Estado.
Por ahora, el anuncio abre una etapa de negociación, pero deja varias preguntas pendientes. No se conoce la figura jurídica que sustentaría una eventual operación, sus plazos, las condiciones económicas ni cuánto podría representar para los ingresos del Estado.
First Quantum manifestó este martes su disposición a participar en las conversaciones y señaló que una eventual reactivación podría generar unos 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos, además de oportunidades para alrededor de 2,000 proveedores. En su pronunciamiento, sin embargo, no hizo referencia a los arbitrajes internacionales que mantiene contra Panamá, cuya terminación es una de las condiciones planteadas por Mulino.
Para qué sirve el grado de inversión
El grado de inversión es una calificación que indica que un país tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y pagar su deuda. Funciona como una señal de confianza para los mercados internacionales.
Facilita que el país consiga financiamiento.
Permite acceder a tasas de interés más favorables.
Atrae inversionistas y fondos internacionales.
Refuerza la confianza en la economía y la estabilidad financiera del país.

¿Para qué sirve?
Facilita que el país consiga financiamiento.
Permite acceder a tasas de interés más favorables.
Atrae inversionistas y fondos internacionales.
Refuerza la confianza en la economía y la estabilidad financiera del país.


