Mientras no llegue a un acuerdo con Minera Panamá, el Gobierno no recibirá regalías de parte de la empresa, producto de las extracciones que realizó en Donoso, Colón, durante el año pasado.
Se suponía que en 2022, el Gobierno estaría en posición de recibir un ingreso mínimo de $375 millones al año.
Justo hace casi un año, el 17 de enero de 2022, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó al país que las negociaciones con Minera Panamá habían concluido y que desde ese momento correspondía cumplir los trámites y procedimientos pertinentes, que incluían la redacción del nuevo contrato, la consulta pública, el refrendo de la Contraloría General de la República y la aprobación de la Asamblea Nacional.
Pero llegado el mes de diciembre, quedó en evidencia que ese plan había fracasado.
El mismo Gobierno reveló que Minera Panamá “no accedió a firmar el contrato” previamente acordado. El 15 de diciembre -rebasado el límite del periodo para cerrar el pacto-, la empresa hizo una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como el régimen de regalías acordado en enero de 2022.
Minera Panamá confirmó a este diario que los pagos que debía hacer en 2022 no se han efectuado.
La empresa explicó que cada tres meses se presenta al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) los montos facturados por todos los minerales extraídos (cobre, oro, plata y molibdeno) en Donoso.
Luego, la entidad valida y acepta el pago, según el procedimiento que se ha efectuado desde el inicio de operaciones del proyecto Cobre Panamá, en 2019.
De acuerdo con la empresa, hasta la fecha, los montos pagados al Estado panameño ascienden a 76.6 millones de dólares.
De este total, le corresponde el 15% a los municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera.
Para la compañía, que considera que su contrato está vigente, “hasta el tercer cuarto de 2022, se ha hecho el trámite para el pago de regalías...” Pero “estos trámites no han sido aprobados por el Mici”.
Al no recibir las regalías, el Gobierno reafirma la estrategia que ha venido abanderando durante estos últimos días, y que refleja el argumento de que Minera Panamá no tiene contrato de concesión.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 25 de febrero de 1997, por la cual se aprobó el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Petaquilla Minerals, base del contrato con Minera Panamá.
Por lo tanto, con ese fallo de la Corte, la concesión que opera Minera Panamá quedó anulada, ha dicho el Mici
Tristan Pascall, CEO de First Quantum, holding de Minera Panamá, explicó a un grupo de analistas financieros el pasado 10 de enero que “justo antes de que la mina empezara a generar sus primeros embarques de cobre e ingresos, la Corte Suprema declaró que la ley que aprobó nuestro contrato minero era inconstitucional”.
“La decisión se basó en tecnicismos procesales cuando la ley se aprobó originalmente en 1997 y que estaban fuera del control de la empresa. Después de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno de Panamá hizo declaraciones públicas reafirmando que el contrato seguía siendo válido. Nos aseguraron expresamente y a través de sus acciones que los derechos de la compañía no se verían afectados por la decisión de la Corte”, referenció al grupo de analistas en una llamada desde Toronto, Canadá.
De acuerdo con los estados financieros de First Quantum, en los primeros nueve meses de 2022, el Estado debía recibir 46 millones de dólares en pago de regalías correspondiente al 2% sobre las ventas brutas que registró la mina de cobre y que sumaron 2 mil 285 millones de dólares.
Al no darse la firma del nuevo contrato con los términos aceptados por Minera Panamá hace un año, esas regalías que calcularon en sus estados financieros de 2022 estaban basadas en los parámetros legales del contrato ley de 1997.
Por otro lado, el cálculo del último cuarto trimestre del año también lo han realizado; sin embargo, no se ha presentado aún, dijo la compañía.
Aunque la empresa aclara que “entendiendo que están en una negociación en la que, de firmarse un nuevo contrato, se estaría pagando un mínimo de $375 millones al año, como se establece en nuestra carta de aceptación de la propuesta del Gobierno de enero de 2022 y que reiteramos el 17 de diciembre en un comunicado, con las protecciones necesarias, confirmamos que para el 2022 el pago será de $375 millones, una vez firmado el nuevo contrato”.
Para el Gobierno, hay otra lectura de la actual situación. El Estado panameño dio por concluida esa etapa de la negociación en enero de 2022.
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, dijo a Telementro Reporta que el Gobierno no está en negociaciones con Minera Panamá, sino en proceso de redacción del contrato.
Su cartera también ha dejado saber que existen profundas grietas en este episodio.
De acuerdo con los términos acordados en enero pasado, el pago de regalías oscilaría entre 12% y 16%, pero para el Gobierno, el esquema fiscal planteado en diciembre de 2022 por First Quantum no garantiza el pago de los $375 millones por más de cuatro años.
Para Panamá, la minera ha continuado operando el proyecto Cobre Panamá sin un contrato y este estatus “irregular no puede continuar indefinidamente”.
De allí que cuando no se llegó a un acuerdo en diciembre pasado, se ordenó un plan de cuido y mantenimiento de la mina, al decretarse previamente el cierre comercial de la planta.
Minera Panamá, sin embargo, apeló esta medida el pasado 10 de enero, para evitar el plan de mantenimiento y cuidado.
Un recurso más de al menos cinco que se han presentado hasta ahora, para reconsiderar y apelar las decisiones del Mici.
