El gobierno de Panamá publicó este viernes 24 de marzo el contrato ley acordado con Minera Panamá, para dar inicio a un proceso de consulta pública, que debe extenderse por 30 días.
El documento está disponible en la plataforma digital Agora.
Sin embargo, este proceso no es vinculante, de acuerdo con lo expresado previamente por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), lo que significa que es más bien una consulta informativa de la que no se esperaría ningún cambio al acuerdo minero si alguien llegara a mostrar su inconformidad con los consensos alcanzados.
El Mici precisó que los interesados en participar y conocer los términos específicos del contrato podrán acceder a la página web de la consulta pública (agora.gob.pa/ContratoMineraPanamá).
Allí se encuentra una copia completa del contrato y tablas comparativas sobre los términos económicos y sobre las diferencias entre el documento pactado ahora y el contrato ley original, celebrado entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A., (ahora Minera Panamá, S.A.) y contenido en la Ley 9 de 26 de febrero de 1997. De hecho, en el contrato acordado ahora, las partes reconocen que la Ley 9 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en el año 2017.
La fecha límite para hacer llegar los comentarios, que serían más bien anecdóticos, es el 22 abril de 2023.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el proceso de información pública en la plataforma Agora para el Contrato de Concesión del proyecto "Mina de Cobre Panamá", la cual estará abierta desde hoy 24 de marzo hasta el 22 de abril de 2023. ¡Participa! pic.twitter.com/EZe25A9OYp
— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) March 24, 2023
La entidad destaca como un aspecto económico relevante que Minera Panamá deberá hacer un pago mínimo anual al Estado de $375 millones, incluyendo regalías, Impuesto Sobre la Renta, retenciones de intereses de pago de deuda y el impuesto complementario y retenciones sobre dividendos. Anteriormente no tenía esta obligación.

En el plano laboral, el contrato anterior permitía la contratación del 25% de la mano de obra extranjera. Ahora se redujo el alcance a un 15%.
Estos son los mismos términos comunicados por el Mici el 8 de marzo pasado, cuando se anunció que había un acuerdo formal con la minera, después de meses de tensas negociaciones. En diciembre, incluso, el gobierno interrumpió las conversaciones y anunció que buscaría otro operador para la concesión en Donoso. First Quantum, la holding canadiense dueña de Minera Panamá, amenazó con entablar un arbitraje contra Panamá.
En lo que respecta al ámbito ambiental, se introdujo la obligación de establecer un plan de recuperación ambiental y cierre según el Estudio de Impacto Ambiental.
Transcurridos los días de consulta, el documento de 69 páginas será sometido a la aprobación del Consejo de Gabinete, que posteriormente debe autorizar al ministro del Mici, Federico Alfaro, a firmar el documento y enviarlo a la Contraloría General, para el correspondiente refrendo.
Por último, el contrato ley será enviado a la Asamblea Nacional para su correspondiente aprobación. Los diputados no podrán hacer modificaciones. Para ello, tendrían que enviarlo de vuelta al Ejecutivo.


