Hace un año, en diciembre de 2021, se paralizó el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), cuya reactivación supuestamente dependía del estudio ya entregado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero finalizado el reporte, y habiendo confirmado que la quiebra del subsistema exclusivamente de beneficio de pensiones es inminente, el tema públicamente parece haberse enterrado al cierre de 2022.
El director de la CSS, Enrique Lau, dijo en octubre que no era suficiente un diagnóstico y entonces informó que pediría a la OIT que se le dieran al país alternativas para tomar decisiones “bien informado”. De esta etapa nada se ha informado.
Más tarde, gremios sindicales solicitaron cambiar la metodología del diálogo por la CSS, que ha caído en total hibernación cuando se suponía que tendría que ser la tribuna para hacer propuestas y alcanzar acuerdos de reformas.
Con estos dos frentes abiertos, y sin una fecha determinada para la toma de decisiones, la junta directiva de la CSS propuso cambios legales o medidas correctivas, considerando que el informe de la Junta Técnica Actuarial (JTA) determinó un déficit financiero en el programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de beneficio definido.
Fue entonces cuando a mediados del pasado mes de noviembre surgió la propuesta, enviada al Ejecutivo, de incrementar los aportes del Estado en no menos de $350 millones al año para compensar el déficit actuarial del IVM, cifra que sería revisada con cada presentación del informe actuarial correspondiente a las próximas vigencias fiscales.
Pero este diario conoció que no se ha dado ninguna retroalimentación respecto a dicha recomendación. Del documento entregado solo se ha obtenido la certificación de que fue recibido.
El subsistema exclusivamente de beneficio definido sigue con su tendencia de gastos muy por encima de los ingresos que recibe en concepto de cuota obrero-patronal, que en su mayor fuente de financiación.
Hasta junio de 2022 se habían pagado $1,303 millones a los jubilados, mientras que los ingresos como resultado de los aportes de los cotizantes solo llegaron a $711 millones. Es decir, que están 55% por debajo de lo que se necesita para financiar el pago de las pensiones.
La preocupación es que en 2024 se acaban las reservas del subsistema exclusivamente definido de pensiones, recordó Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), organización que también entregó un documento con recomendaciones sin recibir respuesta alguna.
