La embajadora de la Unión Europea (UE) en Panamá, Isabela Matusz, visitó el miércoles las instalaciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para conocer los esfuerzos del país en la lucha contra la pesca ilegal.
Durante la visita, Matusz fue recibida por el administrador general de ARAP, Eduardo Carrasquilla, junto a otros funcionarios, indicó la entidad en un comunicado.
La conversación giró en torno a los cambios recientes en el sector pesquero, entre ellos la incorporación de observadores a bordo de los buques, una medida que busca un mayor control sobre las actividades pesqueras.
Según Carrasquilla, la presencia de estos observadores permite documentar en tiempo real el transbordo, carga y descarga de productos pesqueros, garantizando mayor transparencia en la actividad. La iniciativa, implementada en octubre de 2024, quedó completamente operativa en enero de 2025.
Otro tema clave durante el encuentro fue la reducción de puertos autorizados para la descarga de productos pesqueros. Anteriormente, Panamá contaba con más de 290 puertos, dificultando el control efectivo, según datos de la ARAP. Ahora, el número se ha reducido a 92, asegurando “una mejor fiscalización”.
También se destacó el lanzamiento de una aplicación móvil bautizada como “ARAP MÓVIL”, que es una herramienta para que cualquier ciudadano pueda denunciar actividades de pesca ilegal. De hecho, este miércoles recibieron una alerta a través de dicha aplicación en la que denunciaron que una embarcación artesanal estaba realizando pesca con trasmallo en una zona restringida dentro de la Bahía de Panamá.
La ARAP también informó que trabajan en un sistema digital que permitirá rastrear las operaciones de las flotas nacionales.
La jornada terminó con un recorrido por el Centro de Seguimiento Pesquero donde se monitorean las embarcaciones panameñas que operan en aguas internacionales. Este sistema, que funciona las 24 horas del día, permite identificar actividades sospechosas y reforzar la vigilancia contra la pesca ilegal, según el administrador.
“Con estas acciones, Panamá busca fortalecer su compromiso en la lucha contra la pesca ilegal y aspira a obtener la tarjeta verde como país cooperante en 2025, un reconocimiento que validaría los avances logrados hasta el momento”, señala el comunicado.
