Al cumplirse este jueves un mes del histórico fallo que declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado, el sector empresarial del país exigió al Gobierno tomar acciones necesarias en Donoso con el fin de mitigar los riesgos ambientales, económicos, sociales y legales.
En comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura del País consideró necesario que el “Gobierno tome el control de los accesos, para así fiscalizar una correcta y oportuna gestión de cuido y mantenimiento exigiendo las responsabilidades que a la empresa le corresponde”.
El gremio también solicitó al Gobierno que inicie “con urgencia” una auditoría por una firma independiente para que establezca una línea base definitiva en cuanto al estado actual del área minera en materia ambiental, económica y social. Al tiempo que se detalle de manera transparente y técnica el plan de cierre de operaciones minero y se tomen decisiones de transición hacia dicho proceso.
“Tal y como lo hemos venido señalando, el Gobierno tiene que controlar los accesos al sitio en Donoso para que se puedan llevar a cabo cuanto antes las actividades de cuido y mantenimiento necesarias y prevenir un desastre ambiental,” aseguró Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio.
“Requerimos que en los primeros días del año 2024 se ejecute con urgencia un plan de cuido y mantenimiento del sitio en Donoso”, agregó.
Reiteró que lo que procede en estos momentos es el nombramiento de una comisión que lleve adelante la formulación del plan de cierre minero, con su respectiva veeduría civil, la cual podría estar integrada por diversos grupos ambientalistas, académicos, trabajadores y empresariales que han dado seguimiento a este tema.
El pasado 28 de noviembre, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró, de manera unánime, inconstitucional la Ley 406, sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
Este contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor general Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día. Esto motivó el rechazo de la ciudadanía y se registraron protestas en todo el país durante un mes.
