Comisión Interministerial recomienda al presidente Mulino un ‘cierre ordenado’ de la mina de Donoso

La Comisión para el futuro del cobre recomienda evaluar una nueva relación con Cobre Panamá y First Quantum Minerals que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado de la mina, sin posibilidad de prórroga y sin costo para la Nación.

El proceso de cierre podría extenderse por décadas e incluye definir la titularidad de las tierras y garantizar que los costos sean asumidos mediante un esquema autofinanciado.

El Comité Interministerial de alto nivel integrado por los ministros de comercio, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, entregaron la mañana de este miércoles, 30 de septiembre, al presidente de la República, José Raúl Mulino, las recomendaciones.

En el anuncio estuvieron presentes representantes de gremios como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras), Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Sindicato de Industriales, Cámara Minera de Panamá, representantes de las gobernaciones de las provincias colindantes con la mina, Coclé y Colón, representantes de municipios como La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso, entre otros.

Los ministros analizaron los resultados de la auditoría de la mina que se realizó entre enero y junio de este año y cuyo informe final fue entregado el 19 de junio.

El ministro Julio Moltó, anunció que entre las recomendaciones está un cierre ordenado.

“Es un estudio, no una decisión”.

Una operación de esta escala no se cierra en un año".

Asegura que las recomendaciones consideran el impacto de miles de familias que trabajaban no sólo con la mina sino con actividades conexas.

Recomendaciones

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que cualquier solución para la mina de cobre debe cumplir una condición que calificó de “innegociable”: que el Estado panameño no destine un solo centavo del Tesoro Nacional al cierre de la operación minera.

“Cero. Cero es lo que debe costarle al Estado panameño la solución al problema de la mina de cobre”, dijo Chapman durante la presentación del informe de la comisión que analiza las alternativas para la mina.

Ese costo debe asumirlo íntegramente la operación minera. Sin esa condición no puede haber acuerdo. Y no es una aspiración teórica".

Chapman explicó que, hasta ahora, las labores de cuido, preservación y mantenimiento de la mina se han financiado con recursos generados en el propio sitio y no con fondos del Tesoro Nacional. Según dijo, esos recursos han provenido del procesamiento del concentrado de cobre que ya había sido producido y del mineral extraído por la empresa en 2023.

El ministro también cuestionó la idea de un cierre inmediato de la mina sin considerar su impacto fiscal.

Según el análisis presentado a la comisión por expertos, cerrar la operación en las condiciones actuales implicaría una carga financiera extraordinaria para el Estado y comprometería recursos públicos durante años.

“Destinar miles de millones de dólares al cierre de la mina pondría en riesgo nuestra capacidad de sostener estos programas”, afirmó Chapman, al mencionar entre las prioridades del presupuesto las pensiones, 120 a los 65, el subsidio al gas, el interés preferencial para vivienda, los subsidios eléctricos y el transporte público.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, recomendó avanzar hacia un cierre ordenado de la mina de Donoso, al advertir que la suspensión de sus operaciones hace tres años no resolvió las obligaciones ambientales ni los riesgos asociados a una instalación de esa magnitud.

“La mina nunca se cerró de manera ordenada. Todo lo contrario, se suspendieron todas sus actividades y operaciones de un día para otro, a lo loco, de manera anárquica e irresponsable”, afirmó Navarro durante su intervención.

El ministro sostuvo que detener las operaciones no equivale a cerrar una mina y cuestionó que el sitio quedara sin un plan que estableciera claramente las acciones de rehabilitación, el financiamiento, las obligaciones y los plazos para ejecutar el cierre.

“Suspender sus operaciones de la noche a la mañana no es cerrar una mina”, dijo.

Navarro señaló que una mina de miles de hectáreas no puede simplemente quedar paralizada, debido a los riesgos ambientales que persisten después de la suspensión de las actividades extractivas.

Entre ellos mencionó la instalación de manejo de relaves, los lixiviados y aguas de contacto y la necesidad de mantener bajo vigilancia la estabilidad física de las estructuras.

Lo que propone Navarro para el cierre de la mina

1. Un plan de cierre ordenado, acompañado de un fondo específico para financiarlo.

2. Que el plan otorgue máxima prioridad a los aspectos ambientales, con una amplia y permanente veeduría sobre su ejecución.

3. Que el plan establezca una fecha final y definitiva de cierre.

4. Que la condición de cierre sea determinada mediante una evaluación científica y técnica.

5. Crear un nuevo fideicomiso ambiental “de clase mundial”, con el objetivo de transformar el problema ambiental asociado a la mina en una solución para la protección ambiental del país.

Navarro planteó que una parte de los $100 millones anuales de ingresos sea asignada por el Ministerio de Ambiente para generar recursos destinados a:

Proteger la biodiversidad mediante la inversión de los réditos del fideicomiso.

Promover la reforestación de sistemas degradados.

Establecer un sistema de pago por servicios ambientales que permita realizar pagos anuales a miles de productores y ganaderos.

Crear brigadas ambientales.

Desarrollar un programa de becas para formar científicos.

Crear un programa de cuidado de los ríos y sus cuencas.

La actividad minera está suspendida desde noviembre de 2023 tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.