El futuro de la mina Cobre Panamá, cuyas operaciones están suspendidas desde noviembre de 2023, vuelve a concentrar la atención tras el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, de iniciar conversaciones formales con Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar un acuerdo que permita la eventual reactivación del proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón.
En cadena nacional, este lunes 16 de noviembre, el mandatario explicó que la decisión se tomó después de analizar los escenarios jurídicos, económicos, ambientales y sociales relacionados con el proyecto.
“He decidido ordenar el inicio de conversaciones formales con Mineral Panamá para explorar la posibilidad de un acuerdo cuyo objetivo principal sea obtener los mayores beneficios para el país”, anunció Mulino.
El mandatario indicó que instruyó a un equipo interministerial, encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para iniciar de inmediato las reuniones con la empresa.
“Buscar la reactivación de la actividad minera solo si están protegidos los intereses de la patria y existen beneficios reales para Panamá”, señaló al explicar el objetivo de las conversaciones.
Mulino explicó que las conversaciones deberán procurar los mayores beneficios económicos posibles para Panamá, así como la generación de miles de empleos para panameños.
Entre las condiciones mencionó el control y registro abierto de todos los materiales extraídos, el uso responsable del agua, la reforestación y la prevención de posibles daños ambientales.
También estableció como condición la finalización de todos los procesos arbitrales internacionales contra el Estado panameño.
Mulino explicó que las conversaciones deberán procurar los mayores beneficios económicos posibles para Panamá, así como la generación de miles de empleos para panameños.
Entre las condiciones mencionó el control y registro abierto de todos los materiales extraídos, el uso responsable del agua, la reforestación y la prevención de posibles daños ambientales.
También estableció como condición la finalización de todos los procesos arbitrales internacionales contra el Estado panameño.
El presidente enumeró cinco principios que considera irrenunciables para cualquier acuerdo:
La propiedad panameña de los minerales del subsuelo.
El máximo beneficio económico para el país.
El respeto a la soberanía nacional.
La protección ambiental bajo fiscalización independiente.
El cumplimiento de la Constitución y las leyes.
“Los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá”, expresó.
Asimismo, indicó que “ninguna empresa puede decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo de nuestra nación”.
El mandatario reconoció que el Estado panameño no dispone actualmente de las condiciones necesarias para realizar directamente la explotación y el procesamiento de una operación minera de estas características.
Sin embargo, consideró que la creciente demanda mundial de cobre fortalece la posición de Panamá para establecer las condiciones de una eventual negociación.
Gobierno aclara que no se trata de una nueva concesión
Uno de los aspectos jurídicos que destacó Mulino es que las conversaciones no representan el otorgamiento de una nueva concesión minera.
“Es fundamental entender que no se trata de una concesión”, afirmó.
Explicó que, si se alcanza un acuerdo con la empresa, el equipo ministerial anunciará posteriormente la figura jurídica que sustentaría la operación, con pleno cumplimiento de la Constitución y de los requisitos legales panameños.
El mandatario también aseguró que el proceso será abierto y contemplará mecanismos de participación ciudadana, especialmente para las comunidades cercanas al proyecto.
“Reitero, esto es apenas el inicio de un proceso”, puntualizó.
Agregó que se abrirán espacios para recibir las observaciones de la ciudadanía conforme al Acuerdo de Escazú, que establece mecanismos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.
“Asumiremos este proceso con responsabilidad y transparencia, buscando un acuerdo que responda a lo que Panamá demanda y contribuya al desarrollo sostenible de nuestra sociedad”, sostuvo.
Pese a que la actividad minera ha estado suspendida formalmente desde finales de noviembre de 2023, se han autorizados operaciones de procesamiento y exportación del concentrado de cobre que había estado represado en la mina de Donoso, así como el material rocoso expuesto.
Las recomendaciones de la comisión de alto nivel
El mandatario tenía sobre su despacho, desde el pasado 30 de septiembre, el informe final de la Comisión Interministerial de Alto Nivel que recomendó evaluar una nueva relación con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para establecer las condiciones de una eventual puesta en marcha que permita financiar un cierre ordenado, definitivo y sin posibilidad de prórroga.
La propuesta surgió luego de analizar la auditoría minera realizada por la empresa SGS y que determinó el 87.73% de cumplimiento de los 370 compromisos que se evaluaron.
La comisión ministerial planteó que el proceso de cierre sea financiado por la propia actividad minera, sin comprometer recursos del Presupuesto General del Estado, y que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa en noviembre de 2023.
La comisión, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro, presentó 17 recomendaciones y seis criterios que deberían regir cualquier solución sobre el futuro del proyecto.
Durante la entrega del documento, Mulino dejó claro que todavía no había una decisión y que analizaría las recomendaciones junto con su equipo de Gobierno y sus asesores legales.
“Cuando tenga una decisión, la voy a anunciar yo, al país, de frente y con sus fundamentos por delante. No se va a conocer por una filtración, ni por una versión, ni por un comentario de pasillo”, afirmó el mandatario el 30 de septiembre.
Con el anuncio de este 16 de noviembre, el Gobierno inicia una nueva etapa de conversaciones sobre el futuro de Cobre Panamá, aunque todavía no se ha definido un acuerdo con la empresa, el plazo de una eventual operación ni el mecanismo jurídico que permitiría su reactivación.



