La junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) aprobó una transferencia de $85 millones al Tesoro Nacional como parte de las medidas para responder a los efectos económicos de la pandemia del nuevo coronavirus.
El FAP informó este 20 de julio en una nota de prensa que el Ministerio de Economía y Finanzas hizo la solicitud de retiro y los fondos se utilizarán para reforzar con $80 millones el programa Fondo Solidario de Vivienda, un subsidio de $10,000 a familias de escasos recursos para la adquisición de viviendas por un valor de hasta $70,000, y para apoyar con $5 millones los programas del Ministerio de Salud para la compra de equipos, insumos médicos y medicinas, entre otros.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el pasado 1 de julio el uso de $80 millones del FAP para el Fondo Solidario de Vivienda. La revalorización de los activos en las últimas semanas ha permitido hacer un retiro superior, cumpliendo los lineamientos establecidos en la ley que rige el FAP.
El FAP fue creado por la Ley 38 de 2012, como heredero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, con la función de ejercer como instrumento de ahorro nacional. Con un patrimonio de $1,427 millones al pasado 10 de julio, los recursos del FAP se podrían retirar en una fuerte desaceleración o en una situación de emergencia nacional. En este caso, el uso del fondo se hace en asociación al estado de emergencia declarado por el Consejo de Gabinete el pasado 13 de marzo.
Originalmente, el Gobierno había planeado usar los activos del FAP como garantía de un préstamo que solicitaría el Banco Nacional de Panamá. En las primeras semanas de la crisis, y con una gran volatilidad e incertidumbre en los mercados de capitales, esta idea se barajó como uno de los últimos recursos que utilizaría el Gobierno para obtener fondos para afrontar la crisis. Incluso, se llegó a aprobar una ley en la Asamblea Nacional que permitía el uso del FAP con este objetivo.
Finalmente, las autoridades decidieron aparcar la idea ya que el país ha demostrado tener acceso a recursos a través del mercado internacional de capitales. Además, la Ley 139 de 2020, la que permitía usar los activos del FAP como colateral de un préstamo, expiró el pasado 30 de mayo.
