El anuncio del presidente José Raúl Mulino de iniciar conversaciones con First Quantum Minerals para explorar un nuevo entendimiento sobre la mina Cobre Panamá abrió nuevamente el debate sobre la viabilidad jurídica, ambiental y económica de una eventual reactivación del proyecto en Donoso, provincia de Colón.
Mientras el Gobierno sostiene que busca defender los intereses del Estado, obtener mejores condiciones económicas y evitar los riesgos de los arbitrajes internacionales, representantes de organizaciones ambientales y especialistas en derecho mantienen posiciones encontradas sobre la posibilidad de retomar la relación con la empresa minera.
Las principales interrogantes giran alrededor de una cuestión: ¿se puede negociar con First Quantum sin incumplir el fallo de la Corte Suprema de 2023 y la Ley 407, que estableció una moratoria minera?
Las opiniones recogidas muestran dos interpretaciones distintas del escenario legal.
Harley Mitchell: existen instrumentos jurídicos para conversar
El abogado Harley Mitchell considera que el Gobierno no necesita aprobar previamente un nuevo marco legal para iniciar conversaciones con First Quantum, debido a que existen instrumentos administrativos y ambientales que todavía mantienen una relación jurídica entre el Estado y la empresa.
Entre ellos mencionó el estudio de impacto ambiental aprobado mediante resolución administrativa, los permisos especiales otorgados por el Ministerio de Comercio e Industrias para procesar y exportar el mineral excedente de 2023 y los mecanismos de fiscalización y seguimiento ambiental.
“Existen ya los marcos legales para la conversación y han sido previos al anuncio presidencial”, sostuvo Mitchell.
Sin embargo, el abogado distingue entre la posibilidad de conversar y la fórmula que eventualmente permitiría explotar los recursos minerales. En su interpretación, la Constitución ofrece alternativas distintas a una concesión administrativa.
Mitchell mencionó el artículo 257, que contempla la explotación directa de los recursos minerales por parte del Estado, así como la posibilidad de hacerlo mediante empresas estatales, empresas mixtas o contratos con terceros.
Esta última alternativa podría permitir que el Estado mantenga la titularidad de la explotación y contrate a una compañía para prestar el servicio de extracción.
"Si se trata de un contrato de servicio (...) no tendría que pasar por la Asamblea, pero sí por los rigores de la ley de contratación pública".
No obstante, reconoció que todavía no es posible determinar cuál será el mecanismo que adoptará el Ejecutivo, porque la fórmula jurídica anunciada por el presidente continúa pendiente.
El abogado también advirtió que cualquier nuevo entendimiento deberá respetar integralmente los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia.
“Esos 25 puntos de inconstitucionalidad, todos deben ser realizados minuciosamente por el Órgano Ejecutivo”, afirmó.
Entre los aspectos que considera indispensables mencionó la consulta pública, la actualización de los compromisos ambientales, la supervisión del proyecto y el acceso ciudadano a la información, en concordancia con el Acuerdo de Escazú y la Ley 6 de 2002.
Mitchell también identificó riesgos económicos y reputacionales si las conversaciones fracasan, particularmente por los arbitrajes internacionales y la confianza de los inversionistas en Panamá.
No obstante, considera que el país cuenta con una institucionalidad ambiental y un andamiaje jurídico que pueden permitirle desarrollar proyectos de esta naturaleza bajo mayores controles.
CIAM: cuestionamientos al sustento jurídico y a la auditoría ambiental
Una posición mucho más crítica mantiene Lilian González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una de las organizaciones que participa en la mesa técnica para el cierre de minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
González considera que el principal problema del anuncio presidencial es que el Ejecutivo no ha explicado cuál sería el fundamento jurídico para negociar con First Quantum ni cómo garantizaría el cumplimiento del fallo de la Corte y de la moratoria minera.
"Es muy grave realmente que el presidente haya anunciado el inicio de una negociación con la empresa minera nuevamente sin explicar el sustento jurídico de esa decisión".
Según explicó, los análisis legales realizados por la mesa técnica concluyen que las alternativas disponibles para devolverle a la empresa el derecho de explotación entrarían en conflicto con el fallo de inconstitucionalidad y la Ley 407 de 2023.
La directora del CIAM también cuestionó la auditoría integral del proyecto, al considerar que no ofrece suficientes garantías para determinar la situación ambiental de la mina.
Su preocupación se concentra en los hallazgos relacionados con la calidad del agua, la presencia de metales pesados, el drenaje ácido de mina y la estabilidad física de la tina de relaves.
González mencionó específicamente la presencia de hierro, molibdeno y cobre en cuerpos de agua dulce, con concentraciones que, según indicó, presentan excedencias significativas en los estudios independientes contratados por el Ministerio de Ambiente.
Considera que una reactivación podría incrementar los riesgos existentes, debido a la expansión de los tajos, la ampliación de la tina de relaves, la generación de drenaje ácido, la deforestación y las emisiones asociadas a la operación de la termoeléctrica.
Otro de sus cuestionamientos está relacionado con la transparencia de las conversaciones sobre los arbitrajes internacionales.
González sostuvo que la ciudadanía desconoce cuáles fueron los acuerdos entre el Gobierno y la empresa para mantener suspendidos esos procesos y considera que Panamá debería fortalecer su defensa jurídica antes de negociar nuevas condiciones.
CIAM también advirtió que, si el Ejecutivo adopta decisiones administrativas que considere contrarias a la legislación ambiental, recurrirá a las instancias judiciales.
ALMA plantea modelos de asociación público-privada
Una posición favorable al diálogo con First Quantum mantiene Francisco Javier Lecaros Morales, presidente de la Alianza Minera de América Latina (ALMA), quien considera que existen distintos modelos internacionales que Panamá podría tomar como referencia para definir el futuro de Cobre Panamá.
Lecaros mencionó los casos de Chile, donde opera la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), empresa estatal que mantiene asociaciones comerciales y estratégicas con compañías privadas internacionales para desarrollar sus proyectos mineros.
"Existen modelos distintos, diversos, con el objetivo de poder desarrollar tal o cual proyecto, que beneficie no solamente al inversionista, que es el que pone el riesgo, el capital, sino también a los Estados".
Ante la decisión del Gobierno panameño de explorar un mecanismo que no implique una nueva concesión, el representante de ALMA recomendó privilegiar el diálogo entre las partes y alcanzar acuerdos que permitan desarrollar la actividad económica bajo condiciones de seguridad jurídica.
“La mejor recomendación es el diálogo, buscar acuerdos entre las partes con el objetivo de que el país busque su desarrollo con todo tipo de industrias”, manifestó.
Lecaros también señaló que Panamá tiene oportunidades para desarrollar otros proyectos mineros, pero advirtió que la estabilidad jurídica y política es determinante para atraer inversiones, no solamente en minería, sino también en sectores como la construcción, la agricultura y la actividad forestal.
En cuanto a los cuestionamientos sobre los impactos de la minería a cielo abierto, defendió este método de explotación y sostuvo que debe evaluarse a partir de las características del yacimiento y de los procesos técnicos utilizados.
“Más que decir que un tajo abierto contamina, yo te comentaría que el proceso de una mina a cielo abierto es muy normal cuando hay ciertos minerales que están más en la superficie”, indicó.
Raisa Banfield: un anuncio improvisado y sin una ruta jurídica definida
La ambientalista Raisa Banfield cuestionó tanto el momento elegido por Mulino para comunicar el inicio de las conversaciones como el contenido de su anuncio.
A su juicio, el presidente presentó una serie de intenciones sin explicar cuál sería el mecanismo legal que permitiría concretarlas.
"No hizo un anuncio como tal, porque si el anuncio fuera tal, hubiera anunciado la figura jurídica sobre la cual va a proceder esto".
Banfield considera que el Gobierno está planteando una negociación sin haber demostrado que existe una alternativa legal que permita retomar la relación con la empresa minera.
También cuestionó que el Ejecutivo vuelva a conversar con First Quantum, pese a que el contrato anterior fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. “No hay nada que hablar ni ninguna consideración que tener en el marco de qué tiene que hablar el presidente con la empresa”, sostuvo.
Para la ambientalista, la prioridad debería ser ejecutar un plan de cierre de la mina y desarrollar alternativas económicas sostenibles para las comunidades que dependen de la actividad.
En ese sentido, planteó que el cierre también puede generar oportunidades de empleo mediante la restauración, recuperación y transformación de las áreas intervenidas.
Banfield también cuestionó que el Gobierno presente los arbitrajes internacionales como uno de los principales argumentos para avanzar en las conversaciones, mientras, a su juicio, no explica suficientemente las herramientas jurídicas que tendría Panamá para defenderse.
En cuanto a las consecuencias ambientales y económicas, señaló que una eventual expansión minera podría comprometer la condición de Panamá como país carbono negativo y afectar oportunidades vinculadas a su riqueza natural.
“Si Panamá pierde esas condiciones, es como perder un grado de inversión verde”, afirmó.
Su posición es que el Estado debe defender el fallo de 2023 y las conquistas jurídicas alcanzadas por la sociedad civil, en lugar de negociar con una empresa cuyo contrato anterior fue invalidado.
La Cámara Minera respalda el diálogo
El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, manifestó su respaldo al anuncio del Ejecutivo y consideró que representa un avance hacia la búsqueda de una solución para el futuro de Cobre Panamá.
"Nos parece un paso en la dirección correcta, un paso responsable y coherente con lo que ha venido haciendo y diciendo este gobierno”.
Reconoció además que el proceso ha avanzado, en ocasiones, más lentamente de lo que el sector esperaba.
El dirigente sostuvo que es necesario encontrar una salida a un problema que calificó como complejo y heredado, pero que, a su juicio, tiene repercusiones en todo el país. También consideró que las conversaciones podrían permitir alcanzar un entendimiento distinto al escenario de un litigio entre el Estado y la empresa.
Sobre las condiciones de una eventual operación, Sousa señaló que la empresa tendría que ajustar sus expectativas de inversión y rentabilidad a las nuevas circunstancias. Aunque no existe una fórmula definida, mencionó entre las posibilidades que el Estado desarrolle el recurso mineral mediante un contrato con una empresa privada o que se establezca algún tipo de empresa mixta.
“Lo que sí queremos que esté claro es que sea algo que esté muy enmarcado dentro de la Constitución, para que le dé esa fuerza legal que necesita una inversión de este tipo”, expresó.
Sousa también se refirió a la Ley 407 de 2023, que estableció una moratoria sobre nuevas concesiones mineras metálicas. Según su interpretación, la normativa impide otorgar nuevas concesiones y reactivar otros proyectos del sector, por lo que manifestó la expectativa del gremio de que eventualmente se pueda discutir una ruta para el desarrollo de la actividad minera en el país.
“La minería es algo con lo que el mundo empezó”, afirmó, al defender el papel de esta actividad en el desarrollo económico y en la transición hacia economías verdes.
Martita Cornejo: consulta ciudadana y una posible contradicción del Ejecutivo
La abogada Martita Cornejo puso el foco en dos aspectos: la necesidad de una consulta ciudadana amplia y las diferencias que, a su juicio, existen entre los planteamientos del presidente Mulino y los de su equipo económico sobre la capacidad del Estado para explotar los recursos minerales.
Cornejo considera que cualquier actividad minera, independientemente de si es desarrollada por una empresa privada o por el propio Estado, debe someterse a un proceso de consulta por sus implicaciones ambientales y sanitarias.
La jurista hizo referencia a las más de 130,000 personas que, según indicó, viven cerca de las cuencas que podrían verse afectadas por la actividad.
“Toda actividad que tiene un impacto ambiental, ya sea operada por el Estado o por una empresa privada, tiene que pasar por un proceso de consulta ciudadana”, afirmó.
Su principal cuestionamiento jurídico está relacionado con la falta de claridad del Gobierno sobre la figura que utilizaría para desarrollar el proyecto.
Cornejo recordó que Mulino había señalado que Panamá no tenía capacidad para operar directamente la mina, mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había planteado que el Estado podía explotar sus propios recursos. “El Gobierno actualmente no tiene claro ni qué puede hacer”, sostuvo.
La abogada también descartó que una asociación público-privada (APP) sea una salida inmediata, al señalar que la legislación vigente excluye la minería metálica de las actividades que pueden desarrollarse bajo esa modalidad.
Por ello, considera que cualquier intento de establecer un nuevo acuerdo con la empresa tendría que enfrentar los obstáculos legales existentes.
"No existe un marco jurídico donde el Gobierno pueda negociar con una empresa la explotación del subsuelo".
Cornejo recordó además que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional el contrato minero de 2023 y que anteriormente se había pronunciado sobre el contrato de 2017.
Ante la posibilidad de que se alcance un nuevo entendimiento, anticipó que las organizaciones y ciudadanos contrarios al proyecto podrían recurrir nuevamente a los tribunales. “La Corte tiene que sostener su criterio jurídico”, manifestó.
La discusión ya no se limita a determinar si el proyecto puede volver a operar, sino que incluye la posibilidad de establecer una nueva relación contractual con First Quantum, el alcance de las competencias del Ejecutivo, la participación de la Asamblea Nacional y las condiciones ambientales que tendría que cumplir cualquier eventual acuerdo.
Luego de que el presidente Mulino anunciara el inicio de conversaciones formales con la compañía, las acciones de First Quantum Minerals cerraron este martes 17 de noviembre en 30.90 dólares canadienses (CAD) en la Bolsa de Valores de Toronto, lo que representó un incremento de 3.66% respecto al cierre de la jornada anterior, cuando cotizaron en CAD 29.81.
Durante la sesión, los títulos de la minera alcanzaron un máximo de CAD 32.46 y un mínimo de CAD 30.30, con un volumen negociado de aproximadamente 4.42 millones de acciones.






