Fitch cambia la perspectiva de Panamá de ‘estable’ a ‘negativa’ y advierte sobre la candidatura de Martinelli

Las presiones fiscales, el creciente gasto presupuestario, el desequilibrio en el subsistema de pensiones y la incertidumbre ante el próximo torneo electoral son algunos de los factores que han llevado a la agencia Fitch Ratings a mantener la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de Panamá en BBB- y revisó su perspectiva de calificación de “estable” a “negativa”.

Sin embargo, en el reporte divulgado este viernes 29 de septiembre, la calificadora de riesgo elevó el techo país a ‘AA-’ desde ‘A-’.

En ese mismo informe, Fitch Rating no esconde su preocupación por lo que pueda ocurrir en las elecciones del próximo 5 de mayo. Confía en que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) no logre reelegirse por cinco años más, dado que la aprobación del gobierno de Laurentino Cortizo ha disminuido de manera sostenida. Y aunque espera que gane un partido de oposición, tiene sus reservas respecto a un eventual triunfo de Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas.

“La mayor incertidumbre es la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli [2009-2014], el actual favorito en las elecciones”, señala. Aunque reconoce que Martinelli aventaja a los demás candidatos presidenciales en las preferencias electorales, recuerda que ya fue condenado (en primera instancia) a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones, por blanqueo de capitales en el caso New Business. Si la apelación de Martinelli no es admitida, “quedaría descartado como candidato presidencial”, remarcó Fitch.

¿Por qué?

La agencia destaca que la perspectiva negativa de Panamá está asociada a la gran dependencia del gobierno panameño a “medidas puntuales” y “maniobras contables” para reducir los déficits fiscales en el último año.

Los gastos del sector público son muy superiores a los ingresos: el sector público no financiero incurrió en un déficit fiscal de $2,546.3 millones en la primera mitad de 2023, según un reciente reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El déficit fiscal del primer semestre supera en $636.3 millones o un 33.3% el registrado en los primeros seis meses de 2022, lo que equivale a un 3.11% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el conjunto del año.

Fitch hace mención a subsidios como el del combustible y la electricidad y al abultado gasto presupuestario, lo que podría resultar en más deuda pública.

La agencia también se refiere a la precaria situación financiera de la Caja de Seguro Social (CSS), cuyo subsistema de pensiones de beneficio definido “sigue siendo un riesgo clave a mediano plazo” y no descarta que el gobierno recurra a la emisión de más deuda, para rescatar el programa.

Bajo la presidencia de Cortizo, la deuda pública ha alcanzado un aumento impensable: cuando tomó posesión, el 1 de julio de 2019, el saldo de la deuda pública era de $26,612.4 millones; cuatro años después, al 30 de junio de 2023, la cifra se había elevado a $45,737 millones. Eso significa que con Cortizo, la deuda del país experimentó un incremento de $19,124.6 millones o un 71.9%.

Este crecimiento supera los endeudamientos incurridos por sus antecesores, en sus cinco años de mandato. A Cortizo todavía le quedan nueve meses de mandato.

Por si fuera poco, esta semana se anunció que el Gobierno emitió otros $1,000 millones en bonos de deuda, transacción aprobada por el Gabinete y publicada este miércoles 27 de septiembre en Gaceta Oficial. Los fondos se utilizarán para “fortalecer” el presupuesto de este año.

Mónica Palm

Directora unidad investigativa