“Un camino difícil” es lo que pronostica la calificadora de riesgo Fitch para el presidente electo José Raúl Mulino una vez asuma las riendas del país el próximo primero de julio.
Entre los principales retos que enfrentará la nueva administración está el deterioro del perfil fiscal de Panamá, principal razón por la cual Fitch rebajó en marzo pasado la calificación de Panamá a BB+ desde BBB-, lo que representó la pérdida del grado de inversión.
El perfil fiscal al que hace referencia Fitch está relacionado con la política fiscal, los ingresos y gastos del gobierno, la deuda pública, la recaudación de impuestos, la evasión y la sostenibilidad fiscal.
El acelerado crecimiento de la deuda total del país limitará los planes de inversión que pretenda ejecutar la próxima administración. En abril, la deuda superó la barrera de los 50 mil millones de dólares, quedando en 50,541 millones de dólares, luego de incrementarse 772 millones de dólares en un mes.
La Dirección de Financiamiento Público reportó que en abril se colocaron Notas del Tesoro por 626.7 millones de dólares para cancelar la deuda que mantenía el Gobierno con entidades bancarias que financian la compra de viviendas de interés preferencial.
El ministro designado de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que durante su gestión no se pedirá dinero prestado para cancelar el pago de intereses o de deuda ya adquirida. Pero la debilidad fiscal del país no solo preocupa a Fitch. Igualmente, ha dicho que hará un manejo eficiente de los fondos y aunque reconoce que no será un camino fácil, indica que es posible recuperar el grado de inversión.
Para Moody’s, que todavía mantiene al país con una calificación de grado de inversión, las perspectivas de crédito soberano se verán fuertemente influenciadas por el plan de consolidación fiscal del próximo gobierno, así como por su voluntad y capacidad de hacer frente a la creciente rigidez del gasto y a una base de ingresos limitada.
Además, si bien la próxima administración presentará su marco fiscal inicial a mediano plazo durante la segunda mitad del año, para Moody’s mejorar la transparencia de la gestión fiscal mediante actualizaciones anuales respaldaría la credibilidad de la política fiscal.
Otros retos que deberá enfrentar la administración Mulino y que inquieta a los inversionistas, según Fitch, es la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social, producto de la drástica disminución de las reservas para cubrir el pago de las jubilaciones y pensiones.
Igualmente, la falta de proyectos que garanticen el suministro de agua potable y las operaciones del Canal de Panamá son temas que podrían limitar la ejecución del próximo gobierno según el último informe publicado por Fitch esta semana.
Aunque la calificadora reconoce que Mulino ha manifestado que abordará estos temas dentro de los primeros 100 días de gestión, también señala que son pocos los detalles sobre cómo serán abordados.
“La victoria de Mulino en una plataforma proempresarial garantiza la continuidad de las políticas, como ha caracterizado a Panamá durante mucho tiempo. Sin embargo, en lugar de continuidad, superar los desafíos requerirá reformas difíciles que han eludido administraciones anteriores. Mulino ofreció pocos detalles sobre sus ambiciones reformistas durante la campaña, pero promete acciones asertivas y rápidas. Queda por ver qué tan fuerte será su capacidad de ejecución, en el contexto de una Asamblea Nacional fragmentada y tensiones sociales latentes”, advierte el informe de Fitch.
Deterioro de la gobernanza
El cierre de la mina de cobre tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023, fue el punto que llevó al límite la falta de gobernanza del país, dijo Fitch, que explicó que esta coyuntura también influyó en la rebaja de la calificación de Panamá.
Dentro de la falta de gobernanza también se incluyen los actos de corrupción, opacidad en la gestión pública, desbalance fiscal y financiero y poca credibilidad en las autoridades.
Economistas han explicado que el deterioro de la gobernanza no solo afecta la confianza de la ciudadanía en los gobernantes y en las instituciones del Estado, sino que también puede tener consecuencias negativas para el desarrollo económico y social del país.
“Mulino ha prometido una reescritura constitucional y otros esfuerzos para mejorar la gobernanza, pero esto podría ser un desafío. El camino hacia la reapertura de Minera Panamá es espinoso, en medio de una sensibilidad social aún elevada y casos de arbitraje pendientes”, considera la calificadora.
Por el momento, el presidente electo ha señalado que es partidario de permitir la reapertura de la mina, pero solo para generar los recursos que se necesitarán para financiar el plan definitivo de cierre.
Voceros de la minera canadiense First Quantum, dueña de Minera Panamá, han expresado su deseo de dialogar con el nuevo gobierno que se instalará el primero de julio, sin embargo, Mulino dejó claro que no existe ninguna posibilidad de diálogo mientras la compañía mantenga vigentes las dos demandas de arbitraje que interpuso contra el país.
