El Consejo de Gabinete solicitó extender las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional hasta el 26 de junio próximo, para que se ‘suspendan los efectos’ de la recién aprobada Ley 468, que reformó el régimen de intereses preferenciales a préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas.
Tras la aprobación de la Ley el pasado 24 de abril —que redujo hasta en 1% la tasa preferencial para préstamos hipotecarios— tanto el sector bancario como el de desarrolladores inmobiliarios pidieron una revisión.
Las principales quejas rondaban en lo referente a dos puntos: la fecha de entrada en vigencia de la nueva Ley y su artículo 12, que obliga a la entidad bancaria a realizar una evaluación de la situación financiera del beneficiario entre 6 y 12 meses antes de que finalice el plazo del subsidio otorgado.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que la decisión del Gabinete “suspende la entrada en vigencia de la ley 468 para que su entrada en vigencia sea el 1 de enero de 2026″.
De acogerse esta petición, Jované señaló que volvería a entrar en vigencia la anterior Ley 3 de 1985, que no incluye la reducción del subsidio. El ministro señaló que sería una medida temporal “para que los bancos puedan terminar los trámites pendientes para cerca de 9,000 familias”, y que no se extendería más allá del fin de año.
No obstante, Jované no detalló si se revisarían otros de los puntos por los que el sector bancario e inmobiliario pidieron la revisión.
La Prensa informó el pasado 7 de mayo sobre la paralización de créditos que confirmó el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) tras la aprobación de la Ley 468, por lo que la solicitud del Gabinete tendría la intención de reactivar los créditos.
La suspensión de la Ley 468 llegaría al Legislativo a través del proyecto de ley 59-92, informó Presidencia, para su discusión en sesiones extraordinarias.
Actualmente, el Legislativo mantiene activas sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para la ratificación de nombramientos en distintas entidades del Estado. La suspensión de la ley 468, ahora, se sumaría al llamado.
