El Gobierno cerró el año 2023 con un gasto sin precedentes en pagos a funcionarios, superando la marca de los $5,000 millones.
Este aumento en la administración de Laurentino Cortizo se produjo en un año caracterizado por un incremento en las contrataciones permanentes y una marcada política de blindaje laboral a meses de dejar la Presidencia.
A pesar de las continuas críticas, el Gobierno ha seguido expandiendo su base de empleados, lo que contribuyó al incremento en el pago de la planilla, cuando se observan gastos muy por encima de los ingresos y maniobras contables para no rebasar el déficit permitido por ley.
De enero a diciembre de 2023 se destinaron $5,014 millones al pago de salarios brutos. Un año antes, en el 2022, se habían gastado $4,880 millones, lo que significó un alza interanual de $134.4 millones.
Los números se desprenden de los informes de planilla estatal, publicados por la Contraloría General de la República.
El alza en los salarios durante el último año fue sistemática. En enero se desembolsaron $395.2 millones. En el mes de julio se asumieron $421.8 millones en salarios, y para el mes de diciembre el monto ya era de $436 millones.
Cuando Cortizo cerró su primer año de gestión, en el 2019, los salarios o gastos de planilla totalizaron $4,172 millones, según los reportes de la Contraloría.
Esto señala que esos gastos han aumentado en $872 millones desde ese primer año de gestión, del cual le corresponden seis meses.
El año de 2023 cerró con un promedio de 254,994 funcionarios, lo que supone un alza de 2,622 trabajadores con respecto al promedio del año 2022.
Se habla de promedios porque cada mes entran y salen funcionarios del aparato estatal.
Diciembre, en tanto, marcó un hito importante. Ese último mes del año pasado, la planilla se abultó en 264,643, lo que implicó un incremento de 4,764 personas en la nómina con respecto a diciembre de 2022.
De la totalidad de empleados al mes de diciembre, 233,388 son permanentes y unos 31,255 son eventuales.
En comparación con noviembre de 2023, la planilla de diciembre de ese mismo año experimentó un aumento de $5.9 millones en el sueldo bruto, principalmente atribuible al incremento en el número de funcionarios permanentes.
Asimismo, al comparar con diciembre de 2022, se observa un aumento de 1.8% empleados, siendo la mayoría de estos permanentes.
Este incremento se registró principalmente en instituciones como el Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Electoral, la Procuraduría General de la Nación, el Órgano Judicial, la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.
Con el aumento en la nómina de empleados y funcionarios permanentes, queda en deuda la promesa que hiciera el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, sobre la reducción de funcionarios y la contención del gasto público.
El monto de lo que se destina al pago de salarios incluso es mayor al que refleja el informe de la Contraloría, pero nunca se ha sabido con precisión.
El informe de la Contraloría incluye 94 entidades. De ellas, 27 pertenecen al gobierno central, 41 son instituciones descentralizadas, 16 son empresas públicas y 8 intermediarios financieros.
La Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos y los municipios no están incluidos, a excepción de los pagos a los representantes de corregimiento.
Además, no se consideran los pagos por horas extras, las vigencias expiradas, el décimo tercer mes, los gastos de representación, ni las jubilaciones ni los funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
En los presupuestos generales del Estado se puede ver con más certeza lo que el Estado destina al pago de planilla.
La previsión para servicios personales, que contempla salarios, gastos de representación, decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social, ascendió a $6,836 millones en el año 2023.
En tanto, en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 se tiene previsto en el renglón de servicios personales $6,915 millones.
