El gobierno nacional anunció la restricción de entrega de subsidios sociales –conocidos técnicamente como programa de transferencia monetaria- en áreas de difícil acceso, la suspensión del programa Navidad Solidaria, que consiste en la repartición de jamones a fin de año y la cancelación del aumento prometido a los jubilados con pensiones menores a los $350.00 mensuales.
El común denominador de estos anuncios ocurren en medio de la crisis que azota al país por las protestas en contra de la minería, pero la coincidencia de los anuncios parece tener también tintes de presión. El gobierno adujo la poca movilidad producto del cierre de calles para cancelar el pago de subsidios en áreas de difícil acceso –la mayoría de ellas son comarcas– y la misma razón para la repartición de jamones.
No habrá aumento a jubilados ‘por ahora’
Y sobre el aumento prometido a los jubilados, cuyos fondos provendrían supuestamente del 20% del pago que realizó Minera Panamá al gobierno en días pasados, no se dará tampoco porque los fondos están depositados en el Banco Nacional y “nadie los puede tocar” según dijo Cortizo acerca de los $560 millones cuyo pago anunció el gobierno la semana pasada.
“La Caja de Seguro Social (CSS) actúa como agente pagadero y requiere que se deposite en la cuenta de nuestra institución dicho recurso para distribuirlo a nuestros beneficiarios. En vista de que no han sido depositados en la cuenta de la CSS, nosotros estamos limitados para hacerlo efectivo por ahora”, dijo el director de la CSS, Enrique Lau el día de ayer lunes en conferencia de prensa.
Así se esfuma la promesa que hizo Cortizo a los jubilados cuando presentó por primera vez el contrato minero a inicios de agosto pasado ante la Asamblea Nacional. En aquella ocasión prometió que los pagos de la empresa minera garantizarían una pensión mínima de $350 mensual a todos los que estuvieran por debajo de ese umbral. También los dejó esperando en una reunión a la cual fueron convocados los jubilados en la Presidencia en esa coyuntura.
Y seguirán esperando. Son unos 120,315 jubilados y pensionados en esa condición, y 16,000 de ellos están por debajo de los $200 mensuales, según el director de la CSS, Enrique Lau quien finalizó su intervención diciendo que “para la CSS sigue siendo motivo de especial preocupación el hecho de la inequidad existente, y tener un grupo de jubilados que requieren que se aplique la justicia social y que en algún momento vamos a tener que reconocer”.
Porcicultores temen que gobierno no les pague deuda
Los productores de cerdo también reaccionaron al anuncio de la suspensión del programa Navidad Solidaria. Están en estado de incertidumbre porque los cerdos ya los entregaron al Instituto de Mercadeo Agropecuario, que luego compra el producto final a las plantas procesadoras de carne.
En una entrevista previa que Guevara concedió a la periodista, Vielka Corro, detalló que desde marzo a la fecha los productores le han vendido al gobierno alrededor de 20 mil cerdos para ser utilizados en la preparación de los jamones del Programa Navidad Solidaria.
Pero de acuerdo al comunicado emitido este 19 de noviembre por el gobierno, la suspensión del programa fue acordada con la agroindustria “debido a la disminución de la oferta de productos” atribuyéndolo a los cierres de calles como el factor que ha “complicado el acceso a la materia prima para fabricar productos cárnicos o imposibilitando su distribución a nivel nacional”.
El comunicado del gobierno es confuso porque da cuenta de la dificultad para que la materia prima (los cerdos) lleguen a las plantas procesadoras y al mismo tiempo habla de la distribución de los productos finales. Lo primero es poco probable de acuerdo a los productores, ya que los cerdos llegaron a las plantas procesadoras mucho antes de que comenzaran las protestas. El comunicado tampoco dice expresamente si el gobierno suspenderá la compra de los jamones o solo la distribución a la población vulnerable, lo que también produce confusión.
Ahora temen que este anuncio implique el no pago del producto entregado, una deuda que asciende a 230,000 dólares con la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá, gremio que aglutina al 90% de los productores nacionales de cerdo, según explicó Juan Guevara, presidente del grupo.
Guevara también explicó que si bien el gobierno saldó la deuda del año pasado con los productores, mantiene deudas millonarias de arrastre con las plantas de producción, y como no quieren seguir acumulando más deuda, se pone en riesgo la entrega futura de carne también.
Se trató de contactar al representante de los industriales para obtener el monto que les adeuda el gobierno a las plantas de procesamiento pero no se logró.
El efecto en cadena de este anuncio trae otro daño colateral mayor de acuerdo a Guevara: si el gobierno no entrega los jamones, las plantas de procesamiento van a tener un exceso de inventario, y no comprarán cerdo en los próximos meses, justo cuando a inicios del próximo año deben entrar 5 mil toneladas de cerdo como parte del contingente acordado en el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, que prevé el 0% a todas las importaciones de cerdo que lleguen al país a partir de 2026.
Normalmente entran 20 mil toneladas de cerdo importado, mientras que los productores nacionales suplen otras 60,000 toneladas. Más o menos el 30% de los 19 kilo per cápita de cerdo que se consumen en el país es importado, es decir, 3 de cada 10 libras se traen desde afuera.
“Por satanizar el programa como clientelista y por falta de transparencia, se está afectando a la población más vulnerable que no tendrá la oportunidad de llevar un jamón a la mesa, y también a los productores que trabajaron para que este producto fuera nacional y no importado como era antes. Hoy [esta decisión] puede significar la quiebra de pequeños productores” lamentó el productor, quien agregó que la inminente importación de la carne sin aranceles pone en riesgo a más de 60,000 empleos directos que ocupa la industria porcina.
El gobierno paga a los productores $1.50 la libra de cerdo, pero “demoran ocho meses en pagar”, indicó.
Subsidios en áreas de difícil acceso
Otro pago que el gobierno anunció que retendrá en medio de las protestas son los subsidios que entrega el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que también se valió de los cierres de calles para sustentar tal retención.
La entidad detalló que se suspendió temporalmente la cuarta entrega de subsidios pautada para entregarse esta semana, entre el 20 y el 24 de noviembre “en áreas de difícil acceso” ubicadas en Chiriquí, Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé Colón y Veraguas por el cierre de vías.
Los subsidios en cuestión incluyen 120 a los 65, el programa Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el bono alimenticio Senapan.
Comunicamos a la población que debido a los múltiples cierres de vías que se registran en el país, y que imposibilita el libre tránsito, se ha tomado la decisión de posponer temporalmente el cuarto pago de 2023 de los PTMC en las áreas de difícil acceso. pic.twitter.com/bI3R5Rh0RO
— Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (@MIDESPma) November 18, 2023
Cabe resaltar que el Mides anunció en junio de 2022 que más de 156 mil panameños reciben sus transferencias por tarjeta clave social, la que les permite retirar sus pagos en los distintos cajeros automáticos del país. El comunicado no dice expresamente que solo afectará a quienes no estén afiliados a este sistema.
Los beneficiarios totales de los programas están desglosados así por el Mides según cifras del junio de 2022:
Programa 120 a los 65: 121,712 beneficiarios
Ángel Guardián: 19,107 beneficiarios
Red de Oportunidades: 42,495 beneficiarios
Bono Alimenticio Nutricional de Senapan: 8,071personas o beneficiaros
