La situación en Panamá es preocupante cuando se trata de garantizar un suministro de agua de forma sostenible para sus ciudadanos.
Un análisis detallado de las causas subyacentes señala varios factores que contribuyen al problema, incluido el presupuesto insuficiente para realizar inversiones, la falta de coordinación entre las diferentes entidades involucradas en la gestión del agua, la insatisfacción con el servicio, el impago por parte de los usuarios y las conexiones clandestinas.
Panamá se encuentra en una situación paradójica: rodeado de agua, pero incapaz de proporcionar un acceso constante y adecuado de este recurso vital. El país cuenta con 52 cuencas hidrográficas y alrededor de 500 ríos, que en su mayoría son de abundante caudal y corto recorrido.
Al mismo tiempo, 75 mil personas reciben agua a través de carros cisternas y se calcula que hay un 45% del agua no contabilizada, que más o menos representa 150 millones de galones que se están produciendo. Se trata de agua que se bombea o se produce pero que luego se pierde o no se tiene en cuenta en el sistema.
En el país hay un millón 106 mil 487 de viviendas censadas y se calcula que 25% no tiene acceso constante al agua.
Uno de los principales problemas es la deficiente gobernanza del agua en Panamá, precisó Eric Martínez, exgerente de Finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quien ahora dedica todo su tiempo a la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua, un grupo de profesionales que apuesta a un nuevo pacto social para la solución de un “tema de Estado y de seguridad nacional”.
“Hay cerca de 34 leyes y decretos vinculados con el manejo del agua cruda, el agua potable y el agua servida. “Existen unas 15 instituciones relacionadas con los recursos hídricos, cada una con sus propias prioridades, sus propios objetivos estratégicos y sus propios presupuestos, y seguramente no ha sido coordinado el ciclo del agua. Hay otros 44 comité de cuenca hidrográfica y 1,674 juntas administradoras de acueductos rurales...”, recalcó.
Martínez pone por delante esta situación para hablar del marco jurídico desactualizado, las malas prácticas de gobierno corporativo y la falta de un modelo integral que genere autonomía financiera y presupuestaria y la necesidad de crear una entidad o autoridad nacional de recursos hídricos.
Manuel González Ruiz, exdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y Aracelis Arosemena, vicepresidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), también miembros de la Iniciativa Ciudadana, coinciden plenamente en el diagnóstico que dio Martínez.
Al mismo tiempo, reclaman soluciones urgentes para hacer transformaciones legales, normativas y culturales, en momentos en los que el cambio climático no da espacio para seguir con el estatus quo.
“No estamos generando resiliencia, no estamos previendo la contaminación del agua en su estado natural... Y mientras no mejoremos la gobernanza, no podremos resolver la problemática del agua en el país”, dijo Arosemena.
La propuesta de un grupo de profesionales de la sociedad civil, provenientes de diferentes gremios, organizaciones civiles y de la academia, sugiere establecer una nueva empresa estatal que emule el modelo de administración y de gobierno corporativo del Canal de Panamá.
En este sentido, advierten que se necesitaría un nuevo pacto social a través de un título constitucional que establezca el agua como un derecho humano; un blindaje a lo que sería la Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos contra vaivenes políticos.
Se trataría de un nuevo operador estatal responsable del ciclo del agua (potable, aguas servidas, residuales, alcantarillado sanitario y saneamiento) a nivel nacional, con nuevas reglas, modelo de negocio y prácticas de gobierno corporativo, similares al Canal.
También proponen crear el Consejo Nacional de Seguridad Hídrica, para reforzar la ejecución oportuna de inversiones acordes al Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050.
Martínez aclaró que el recurso hídrico siempre será patrimonio estatal y de seguridad nacional. “No puede ser privatizado”.
Por su lado, González Ruiz precisó que en los próximos cinco años se necesitarán inversiones por $1,500 millones, pero este dinero sólo será efectivo y eficiente si realmente se tiene una mejor administración del capital humano, el recurso hídrico y financiero. “Que cada dólar que invierte sea un dólar bien recibido en el campo, porque ahora es como sacrificar una vaca y sacar de ella solo dos hamburguesas”.
