La organización ecologista Greenpeace anunció que denunciará a la Comisión Europea ante la justicia comunitaria por clasificar como sostenibles ciertas inversiones en energía nuclear y gas, al considerar que violan las obligaciones de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de París.
La decisión de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responde a que la Comisión ha rechazado formalmente una solicitud tramitada por Greenpeace el pasado septiembre para abandonar el lavado verde del gas fósil y la energía nuclear, indicó la organización en un comunicado.
La denuncia de la ONG se suma a las que han anunciado también Austria y Luxemburgo, que rechazan con firmeza que el gas fósil y la energía atómica se sitúen a un nivel equivalente a las fuentes de generación renovable en las reglas de la llamada ‘taxonomía financiera verde’.
Se trata de un conjunto de clasificaciones sin aplicación práctica inmediata que pretenden orientar las futuras inversiones financieras en la transición ecológica, que en este caso afectan a la energía pero que también se irán desplegando en sectores como el forestal, el transporte o la agricultura.
Tras años de deliberaciones internas, la Comisión Europea, que se define como tecnológicamente neutral, presentó en febrero de 2022 un acto delegado en el que consideraba ciertas inversiones en energía nuclear y centrales eléctricas de gas como sostenibles en una clasificación que pretende orientar las futuras inversiones.
Alemania presionó en favor del gas y Francia por la nuclear en el debate sobre esas reglas elaboradas por la Comisión Europea y aprobadas por el Consejo de la UE y por la Eurocámara.
En concreto, la clasificación valida como sostenibles las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio-hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Greenpeace, en cambio, considera que las energías fósiles no pueden considerarse ‘transitorias’, como las describe la taxonomía, porque esas infraestructuras podrían permanecer en funcionamiento más allá de la fecha límite de la UE de 2050 para lograr la transición energética, lo que contraviene la Ley del Clima de la UE.