Los incentivos fiscales creados a través de las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022 y que se supone serán derogados a través del proyecto 844 dominaron la agenda del foro “Turismo: El camino a la reactivación regional”, realizado por la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (Apede).
Felipe Ariel Rodríguez, presidente, Red de Centros de Competitividad, Rubén Bustamente, de la firma BDO y Jorge Alexander Olivardía, asesor Legal, Sucre, Arias & Reyes, forman parte del grupo de lobistas que expusieron los beneficios de mantener los incentivos, al indicar que atraerán inversiones a un sector en crisis, además de fomentar puestos de trabajo durante la construcción y operación de más centros de hospedajes.
Los expositores también señalan que los fondos para ejecutar los proyectos serían aportados por los inversionistas y no por el Estado como aseguran los detractores de estos beneficios.
Debido a las manifestaciones del pasado mes de julio, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, envió a la Asamblea Nacional el proyecto 844 para derogar las leyes 122 y 314, pero los diputados no son partidarios de apoyar esta decisión, al menos de forma expedita.
El 11 de agosto se realizó la primera audiencia pública convocada por la Asamblea Nacional a la cual asistieron empresarios que se oponen a la eliminación de los subsidios.
La 122 de 2019 permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, recibieran un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
Esta norma se intentó reformar con la ley 314, que redujo el beneficio del crédito fiscal de un 100% a un 60%. Pero se introdujo un parágrafo transitorio que permitió que quienes estuviesen en trámite para obtener los beneficios fiscales continúen gozando de lo que establece la Ley 122 de 2019.
Olivardía indicó que actualmente hay 39 proyectos que están certificados por la Autoridad de Turismo de Panamá para acogerse a estos incentivos, de los cuales ya seis se han registrado para realizar la emisión de bonos, mientras que hay otro proyecto que está en proceso de registro.
Durante algunas de las ponencias se indicó que es falso que el Estado tendría que hacer un sacrificio fiscal si se mantienen los beneficios, pero lo cierto es que se dejaría de recibir la totalidad de los impuestos que tendrían que pagar los inversionistas que adquieran los bonos que sean emitidos para la construcción de nueva infraestructura turística en el interior del país.
Temístocles Rosas, presidente de Apede, considera que los incentivos son positivos, pero reconoce que se hace necesario un análisis más profundos de su alcance y beneficio.
Indica que es vital recuperar la economía del turismo, así como fomentar el desarrollo de nuevos productos y más infraestructura fuera de la ciudad capital.
