Este año la economía panameña con dificultad crecerá en 1%, en un ambiente signado por la incertidumbre económica y política por las elecciones, presiones inflacionarias que encarecen aún más el costo del financiamiento para las empresas y la población. Igualmente hay un aumento desproporcionado de la deuda pública, mientras el Canal sufre las consecuencias de la peor sequía en años y aún no existe una solución al déficit del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social.
Así lo advirtió Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), al presentar el informe anual sobre las perspectivas económicas del país y del sector industrial elaborado en colaboración con Indesa. Dijo que a este panorama se añade el temor de que el país pierda el grado de inversión.
En el informe se indica que las secuelas del cierre de la Mina Cobre Panamá, socavará la recuperación del empleo con un mayor número de personas que quedarán sin ingresos fijos.
Puntualmente, Montenegro precisa que el cierre de la mina presionará el alza de la tasa de desempleo que pasará de 7.4% en agosto de 2023 a 8.7% este año y para el 2025 en 8.5%.
El panorama laboral retrata un sector privado que emplea aproximadamente a 761 mil personas, pero persiste el aumento de la informalidad con 601 mil personas que no tienen empleo fijo, mientras que crece el peso de los empleados públicos, con 330 mil personas en la nómina del Gobierno.
“En la industria manufacturera en 2023 se logró cerrar con 149,401 empleos, representamos el cuarto sector productivo que genera más empleos en el país luego del comercio, el agropecuario y la construcción. Se requiere incentivar más la producción manufacturera y la agroindustria para poder crear más oportunidades de empleo”, sostuvo Montenegro.
Para el 2024, el gremio estima un crecimiento de la industria manufacturera de 1%, a la par con el crecimiento económico del país de 1%.
“Este análisis independiente pone de manifiesto que el sector industrial en Panamá desempeña un papel fundamental en la creación de empleo; elemento clave para mejorar las condiciones de vida de la población de manera sostenible y digna. Es esencial impulsar el sector industrial para continuar generando empleos de calidad y fomentar el crecimiento”, detalló Montenegro.
Buscar alternativas a la mina
Jonathan Astudillo, gerente de investigación de Indesa, explicó que el cierre de la mina afectará la capacidad productiva del país, pero también hay factores como las tasas de interés que seguirán siendo altas y la incertidumbre electoral que frena el ánimo de inversión y de consumo.
“Cuando hay elecciones las empresas tienden a postergar las decisiones de inversión a la espera de que el próximo gobierno se posesione en el cargo. Igualmente los consumidores suelen esperar qué pasará con temas de impuestos, leyes y otras medidas para tomar decisiones de compra de alto valor como adquirir una vivienda”, explicó Astudillo.
Indicó que existen muchos factores de riesgo, como el que el país pueda perder el grado de inversión. “Considero que el nuevo gobierno puede tomar decisiones que impidan que Panamá pierda el grado de inversión, como tener mayor transparencia fiscal, un manejo más prudente de las cuentas públicas comenzando con la instauración del consejo fiscal, porque la regla fiscal se ha cumplido pero con modificaciones, y es necesario supervisar esa regla fiscal”, sostuvo el analista de Indesa.
Recalcó que no ha sido prudente que el Ejecutivo actual financie gasto corriente con más deuda y no tenga una estrategia de consolidación fiscal para reducir a largo plazo la dependencia de esa deuda.
Astudillo precisa que sin duda Panamá enfrenta el reto de diversificar su economía y buscar otras áreas de atracción de inversión y producción que sustituya el aporte de 4.5% que proporcionaba la actividad minera al aparato productivo. Menciona sectores potenciales como turismo, reexportaciones de equipos médicos, turismo de salud, tecnología entre otros.
Deuda, Caja del Seguro Social y crisis hídrica claves para el próximo gobierno
El presidente del SIP refiere que la presión fiscal es un punto preocupante, con niveles de deuda que podrían alcanzar el 60% del producto interno bruto y estar cercanos a los $50,000 millones de dólares acumulados para este año.
En 2023 cerró en $47,025 millones. Por lo que es un tema que tendrá que abordar el próximo gobierno con una política de austeridad.
Dijo que la futura administración gubernamental debe comprometerse a no elevar más los niveles de deuda ni abultar la nómina y planilla estatal.
Este año se estima que el gasto corriente público crezca 4.1%, mientras que el consumo privado se contraerá 3% y también caerá la inversión privada en -4.3%, a la par un declive de las exportaciones que retrocederán 4.1% debido a la ausencia de ventas externas de cobre por la paralización de esta actividad.
En el caso de la Caja del Seguro Social, Montenegro mencionó que si el gobierno central financia el Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) de la Caja del Seguro Social (CSS), el déficit fiscal aumentaría alrededor de 1.5 puntos del PIB. Y precisa que es impostergable que la próxima administración tome una medida sobre el subprograma de invalidez, vejez y muerte de la CSS.
Del tema hídrico, el presidente del SIP sostuvo que apoyan la propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá de que se construya el embalse del río Indio pero a su vez que se defina un plan para extraer agua del lago Bayano para abastecer a la población. “Río Indio es una solución para los próximos 10 años, pero debemos estar pensando en nuevos embalses, más potabilizadoras y administrar el recurso hídrico para el Canal, pero también para la población”.
