En medio de dos procesos judiciales y a la espera de los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República, la Caja de Ahorros (CA) hizo el primer llamado para rematar propiedades que están en medio de un torbellino de irregularidades.
Aceptando como garantía áreas comunes en los proyectos Playa Ibiza Corona y Coronado, la CA aprobó un préstamo por $5 millones en abril de 2013. En el trámite, el banco admitió como válidas las áreas sociales que los propietarios creían como propias y que, según la ley de propiedad horizontal, son inalienables de forma independiente de sus bienes privativos: lobby, terrazas, piscinas y bares.
Los dueños de los apartamentos desconocían la pericia financiera, pero todo quedó al descubierto cuando el préstamo cayó en morosidad y el banco estatal ejerció el secuestro.
Ahora, las fincas en las que se encuentran estas áreas comunes aparecen en una lista de propiedades a rematar en un acto convocado para el próximo 27 de octubre, mientras que los propietarios de apartamentos en los dos edificios de playa reclaman estos bienes al ser de uso común.
“Los querellantes y estafados ven con suma preocupación la extraña intención de la CA, de querer rematar las fincas que fueron dadas en garantías para el irregular préstamo de $5 millones, existiendo dos procesos penales (uno contra la administración pública en perjuicio del banco, y otro por estafa en perjuicio de los copropietarios”, dijo Kevin Moncada, representante de un grupo de propietarios.
De acuerdo con los voceros de la CA, la entidad está facultada, de acuerdo con lo que establece la ley, para avanzar con el proceso de remate de 21 fincas y lograr el cobro de la acreencia. “No podemos adelantarnos a los resultados de este proceso, sino cumplir responsablemente con lo que establece la ley”.
Moncada, por su parte, advirtió de que los querellantes perciben una “rara intención por parte de la administración del banco, a cargo de Mario Rojas.
A su juicio, pareciera que “quieren tirarle la toalla a la administración anterior de esa entidad bancaria, pues, si en los dos primeros llamados a remate no se vende al precio infladísimo de la propuesta, en el tercero, estas fincas podrían ser vendidas hasta en un centavo, tomando en cuenta que se prestaron $5 millones a allegados a personajes del gobierno anterior, dinero que hoy en día no se sabe dónde fue a parar”.
Fue directamente el entonces presidente de la directiva Riccardo Francolini quien avaló dos préstamos que suman $5 millones.