La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) examinó la capacidad de la administración tributaria panameña para cumplir con las demandas de información fiscal bajo previa petición de una autoridad competente durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2018.
En un informe publicado en noviembre del año pasado, el organismo -con sede París- detalla que Panamá recibió un total de 302 solicitudes de información de las que solo en 162 dio una respuesta satisfactoria para el país demandante.
En casi el 46% de los casos el país incurrió en “graves casos de falta de entrega de información”.
“En la mayoría de estos casos, Panamá no pudo ofrecer la información requerida sobre los registros de contabilidad”, se lee en el informe. Estos retrasos provocaron en algunos casos el retiro de la solicitud por parte de los países socios.
Fue así, como durante el periodo de tres años que duró el examen, Panamá solo respondió al 20% de las solicitudes dentro del plazo establecido de 90 días.
En cuanto se cumple ese periodo de tres meses, la regulación de intercambio de información tributaria prevé que la administración competente comunique al país demandante una nota relativa al estado de la petición de información fiscal. No obstante, Panamá solo actualizó la información en el 59% de los casos.
Según las estimaciones que maneja la OCDE, en el 49% de los casos Panamá logró resolver la cuestión requerida en 180 días. Y el 74% de las demandas de información fiscal estaban resueltas al pasar un año. Sin embargo, en el 13% de los casos no respondió a lo que se le preguntaba.
Fue así como Panamá el Foro Global sobre Transparencia −organismo de la OCDE encargado de elaborar normas en materia de derecho fiscal y tributario para erradicar los paraísos fiscales, determinó en noviembre de 2019 que Panamá era un estado que “cumple parcialmente” con el sistema de intercambio de información financiera entre países.
En última instancia, la calificación otorgada por la OCDE de poco cumplidor en las prácticas de intercambio de información tributaria condenó al país de forma automática a ser señalado por la Unión Europea (UE) en su lista negra.
Además, en junio del año pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también decidió volver a incluir a Panamá en la lista de países con deficiencias en sus sistemas para blindarse ante el blanqueo de capitales.
Abogados y expertos locales, puntualizan el desfase temporal entre las listas de GAFI y OCDE, de junio de 2019, y la de la UE, de febrero de 2020, considerando que aunque Panamá no pudo cumplir técnicamente en el periodo que va hasta 2018 que fue evaluado en GAFI-OCDE, para este primer semestre de 2020 la realidad técnica es otra.
