En un intento de pasar revisión sobre el desempeño de la economía, ayer jueves el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reunió a representantes de multilaterales, economistas, financistas, empresarios y funcionarios, quienes evaluaron las acciones urgentes que debe tomar el país, el rol del sector privado y la responsabilidad del Gobierno.
Se advierten grandes desafíos en un 2023 convulsionado por factores externos, como el alza de las tasas de interés, mientras que internamente el país debe enfrentar con urgencia el fin de las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Hablando desde el terreno de los sueños, la crisis del sistema de pensiones debe ser vista como una pesadilla, dijo el economista Carlos Araúz, quien advirtió que se trata de un tema complejo que requerirá de mucho más que soluciones simples.
En este sentido, hizo referencia al déficit por encima de los $2,000 millones que enfrentaría el IVM en el 2030, en un contexto en el que ya el Estado destina $2,000 millones en subsidios y el Canal aporta $2,000 millones.
“Este país va a tener que sacar $2,000 millones de algún lado para evitar que haya una debacle tras el fracaso en el programa IVM”, insistió.
Ello ocurre en un país con una deuda de $44,274 millones al cierre de 2022, cuyo monto en sí no debe ser lo más preocupante cuando se experimenta crecimiento económico; lo que debe preocupar y generar interés es el ritmo de los gastos y su efectividad, referenció el economista.
Una parte fundamental de su discurso fue la necesidad de recuperar plazas de empleo en el sector formal, lo cual debe convertirse en una obsesión para el país, al igual que la llegada de mayor inversión extranjera directa.
A pesar de que el crecimiento económico seguirá siendo favorable para Panamá, este por sí solo no es suficiente para cerrar las brechas que se generaron en la pandemia, con exceso de gastos, elevada deuda y un sistema de pensiones deteriorado.
María Teresa Silva, especialista de Mercado Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo un diagnóstico que incluyó las debilidades de la plaza panameña, agobiada por las cicatrices que dejó la pandemia, pero también por problemas estructurales de vieja data.
Para la región de América Latina el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el desempleo se mantenga en alrededor del 10%. Este desafío se suma a la informalidad laboral que alcanza el 50% de los trabajadores, lo que ha venido incrementando, indicó Silva.
En este terreno, “el crecimiento económico ayuda, pero aunque es necesario, no es suficiente”, precisó la especialista.
Panamá, por su lado, mantiene la informalidad por encima de Costa Rica, Chile o Uruguay, con un 48% hasta abril de 2022.
Esto significa que hay un margen para promover un mejor entorno del mercado laboral, disminuir la informalidad y propiciar calidad en los empleos.
“Hay una excesiva rotación que desincentiva la inversión en capital humano y trae bajos salarios y esto tiene atrapados a muchos en trabajos de mala calidad”, dijo Silva, refiriéndose a un ciclo que no es particular de Panamá.
En Panamá, explicó, 30% de los trabajadores llevan un año o menos en sus empleos, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 12%.
Y los datos indican que las transiciones laborales no son hacia mejores empleos, sino hacia empleos informales.
Las empresas, por su lado, invierten poco en capacitación. Apenas 8% de las empresas capacitan a los trabajadores, cuando en la OCDE es de 50%.
Además, el 65% de los empleados informales reciben un ingreso inferior al salario mínimo porque su productividad no es suficiente como para formalizarlos.
Por ello, explicó Silva, es vital impulsar un sistema de desarrollo de habilidades, invertir en profesores e instructores, además de establecer estándares de calidad en la educación y la instrucción continúa.
Rubén Castillo, presidente del Conep, dijo que la empresa privada es optimista e hizo un llamado a construir una agenda convergente con temas de Estado como la salud, la educación y una gran reforma estructural.
También aterrizó en el tema de la seguridad jurídica para traer capitales, y la urgencia de que se asuman retos como la crisis del IVM y la sostenibilidad del grado de inversión.
“Se quiere desarrollar un país diferente, con auténtica igualdad de condiciones”, recalcó.
