Los tres mayores distribuidores de medicinas en Estados Unidos lograron una gran victoria cuando un juez federal dictaminó que no son responsables de la elevada adicción a los opioides en el estado de Virginia Oeste.
“La crisis de los opioides ha comportado considerables daños para los ciudadanos del condado de Cabell y de la ciudad de Huntington” en ese estado, escribió el juez David Faber.
“Hay una tendencia natural para asignar la culpa en estos casos, pero esta se debe decidir basándose en los hechos y en la ley y no por simpatía”, añadió
Alrededor del 10% de la población del condado de Cabell lo que implica un pesado costo económico y social, sostuvo el magistrado.
Sin embargo, los “demandantes no demostraron que el volumen de opioides con receta distribuidos en Cabell/Huntington se debía a una conducta irrazonable” de los demandados AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, escribió Faber.
Para abastecer a las farmacias, las tres empresas entregaron más de 51 millones de dosis de analgésicos en el condado durante 2006 y 2014. Las autoridades locales acusan a las compañías de hacer la vista gorda con un volumen de encargos sospechoso.
Pero “no hay nada irrazonable en la distribución de sustancias controladas que cumplen con las prescripciones legales”, apunta Faber.
El juez culpó a los fabricantes que “comercializan agresivamente con opioides de prescripción”, en lugar de a las empresas que los distribuyen.
La crisis del opio, que ha causado más de 500 mil muertes en 20 años en Estados Unidos, ha desencadenado una oleada de demandas por parte de víctimas directas, ciudades, condados y estados que sufren los efectos colaterales.