La primera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2023 concluyó con un tono similar a las anteriores en lo que a Panamá respecta.
El organismo internacional reconoció ciertos avances del país en el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales, pero volvió a mostrar preocupación por el hecho de no haber completado todos los aspectos del plan de acción.
A una pregunta de La Prensa en una rueda de prensa celebrada en París en formato híbrido, el presidente del GAFI, Raja Kumar, instó nuevamente a las autoridades panameñas a completar el plan de acción de manera expedita.
La nueva fecha límite establecida por el organismo internacional es junio de 2023, cuando se celebrará la próxima reunión plenaria del GAFI.
Panamá ingresó en la lista gris del organismo en junio de 2019, por lo tanto el próximo mes de junio se cumplirán cuatro años de permanencia, desde su última incorporación. La falta de efectividad en la prevención y combate al blanqueo de capitales llevaron al país a la lista algo más de tres años después de haber salido de ella.
En junio de 2019, el Gobierno panameño se comprometió a adoptar una serie de medidas para abordar las deficiencias detectadas, incluidas en un plan de acción que consta de 15 ítems.
El avance del país es evaluado tres veces al año, en un proceso que inicia con una reunión cara a cara en la que las autoridades panameñas sustentan los avances, y concluye con la publicación de la evaluación al término de las reuniones plenarias, que se celebran regularmente en febrero, junio y octubre.
En las últimas plenarias, el GAFI no ha dejado de mostrar su preocupación porque las fechas límites pactadas originalmente en el plan de acción expiraron en enero de 2021 y Panamá no lo ha culminado aún. De ahí la urgencia que se desprende en cada comunicado del GAFI. En esta ocasión, el organismo señala nuevamente que “estudiará la posibilidad de hacer un llamamiento a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a que apliquen una diligencia debida ampliada a las relaciones y transacciones comerciales con Panamá”, si el país no completa el plan de acción para junio de 2023.
En la revisión dada a conocer en octubre de 2022, el país había cumplido 12 acciones de las 15 incluidas en el plan de acción. En esta ocasión, el nivel de cumplimiento se elevó a 13, quedando dos pendientes. El GAFI dio el visto bueno a la acción que tiene que ver con la investigación de blanqueo de capitales vinculado a delitos fiscales en el extranjero.
Lo que queda pendiente, según el organismo, es asegurar que exista información verificada y actualizada de los beneficiarios finales de personas jurídicas registradas en Panamá, así como el acceso a la información de manera oportuna por parte de las autoridades competentes.
Esta deficiencia está siendo abordada por parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) con distintas medidas, entre las que destaca la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), aunque su avance parece aún insuficiente a los ojos del organismo internacional.
El pasado mes de enero, la entidad panameña informó de que el proceso de carga acumulaba un avance de 30%, es decir, que de las alrededor de 235,000 personas jurídicas activas en Panamá, unas 70,000 ya contaban con la información de sus beneficiarios finales cargada en la base de datos.
En marzo, la SSNF realizará jornadas de registro masivo para los agentes residentes, a fin de acelerar la implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los entes revisores del GAFI señalaron que, pese a los desafíos técnicos enfrentados para poblar el registro de beneficiarios finales, se reconocen los esfuerzos que el país está haciendo para implementarlo rápidamente.
El propio MEF reconoce en su comunicado que el reto a cumplir por Panamá para culminar el plan de acción es incrementar la carga de información de personas jurídicas en el registro de beneficiarios finales, así como garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información.
El abogado Carlos Barsallo dijo que era de esperarse el resultado de la evaluación y planteó que “GAFI ya no sabe cómo advertirnos lo atrasados que hemos estado en este tema”, refiriéndose, por ejemplo, al tiempo perdido durante la pandemia para poner en marcha el registro de beneficiarios finales.
El referido registro fue aprobado por ley en marzo de 2020; luego la ley fue enmendada en 2021 y se empezó a alimentar en 2022. “Es un asunto de números y carga de información de los beneficiarios finales que va trabajándose contrarreloj”, sostuvo.
Barsallo reflexionó también sobre el hecho de que el interés del país para hacer este tipo de reformas es la presión externa, “y no se entienden ni aprecian las ventajas y la importancia de estos temas que están pendientes, sobre todo el registro de beneficiarios finales, en la lucha contra corrupción, blanqueo, enriquecimiento injustificado y delitos financieros en general”.
La próxima evaluación de Panamá tendrá lugar en junio, durante la segunda plenaria anual del GAFI. Una vez culminado el plan de acción, el Gobierno solicitaría una visita in situ al país para que el GAFI verifique los avances en el régimen de prevención de blanqueo de capitales, un escenario para el que el país se está preparando, según el MEF.
