El contralor general de la República, Gerardo Solís, ha dado una visión sesgada y una conclusión incorrecta del estado de la planilla de estatal, intentando maquillar el alza en la contratación de funcionarios, justo cuando el país reclama contención del gasto.
El funcionario ha intentado hacerle creer al país que la planilla estatal ha disminuido, cuando en realidad ha sucedido todo lo contrario, de acuerdo con lo que revelan las comparaciones interanuales de la entidad que regenta.
Los informes de la Contraloría, los cuales recopilan información desde 2015 hasta abril de 2022 y disponibles en la página web de la entidad, así lo validan.
Aunque en una entrevista a Telemetro Reporta -que luego fue replicada por el equipo de comunicación de Solís- el funcionario aseguró que la planilla del Estado a diciembre del año pasado fue de 260 mil 838 servidores públicos, mientras que al mes de junio de 2022 era de 256 mil 579 servidores públicos.
De acuerdo con el análisis del contralor habría 4 mil 259 funcionarios menos, pero al hacer la comparación de la evolución de la planilla del sector público, tomando como referencia el mismo mes de cada año, los resultados son totalmente opuestos.
Es decir, que si se comparan los 260 mil 838 funcionarios a diciembre de 2021, con los 242 mil 240 a diciembre de 2020, hay una variación de 18 mil 598 personas adicionales.
Suponiendo que las cifras reveladas por Solís, [de 256 mil 579 servidores públicos al mes de junio] coincidan con el resultado oficial que aún no se ha publicado, también se estaría experimentando un aumento interanual.
En junio de 2021 se contabilizaron 251 mil 929 empleados, lo que supone un incremento de 4 mil 650 funcionarios de un año contra el otro.
En la entrevista, Solís se atrevió a afirmar que en el país se dicen “cosas que no son ciertas, y se creen que lo son”, mientras intentaba defender su gestión en materia de fiscalización, al tiempo que le daba espaldarazos al Gobierno en el manejo de la planilla, cuando grupos sindicales, empresariales y sociales reclaman austeridad y control del gasto corriente.
La planilla del sector público publicada por la Contraloría cuenta con información de 90 entidades, distribuidas en 26 del gobierno central, 40 en las instituciones descentralizadas, 16 en las empresas públicas y 8 de los intermediarios financieros.
La misma excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios con excepción del pago a los representantes de corregimientos.
Igualmente se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
El consultor empresarial René Quevedo advierte que las autoridades han sobredimensionado el tamaño de la planilla estatal, lo que en las estadísticas oficiales influye en la sobrestimación de la recuperación de empleo por parte de la empresa privada.
Pone como ejemplo una correspondencia emitida por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en la que indica que a febrero de 2021 había 148 mil 739 funcionarios adscritos a leyes especiales, que representan el 41% de los servidores públicos.
Esto pondría la planilla estatal en 362 mil 778 funcionarios, cifra coherente con los 364 mil 768 funcionarios señalados en el Informe Laboral del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) de junio 2021, ambas muy superiores a los datos reportados en los informes de la Contraloría.
Agrupaciones piden nombramientos con criterios técnicos
Las organizaciones de sociedad civil y movimientos ciudadanos que forman parte de la Coalición por Panamá, han insistido en la contención del gasto y la planilla estatal en medio de la crisis social que vive el país. En ese sentido han manifestado que es necesario que el nombramiento de funcionarios responda a criterios técnicos, profesionales y despolitizados, por lo que se requiere una auditoría de recursos humanos que permita un servicio público eficiente.
La crisis laboral se está agravando. Pero el colapso del empleo formal es una consecuencia coyuntural de un problema estructural: la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada en el país.
De acuerdo con Quevedo, todas las iniciativas dirigidas a contrarrestar los impactos socioeconómicos directos e indirectos de la pandemia y la actual crisis social son importantes, pero construir confianza es el gran reto.
“En este contexto, la disponibilidad de cifras reales sobre el tamaño de la planilla estatal, es clave para poder sincerar la capacidad real de la economía para generar nuevos empleos formales”, precisó.
La realidad, advirtió, es que la economía no está generando nuevos empleos y el Gobierno está interviniendo a través de nombramientos en la planilla estatal y subsidios, todo financiado con préstamos.
En abril pasado, el pago en salarios de la planilla en el Estado alcanzó los $404.7 millones, el mayor monto entre los primeros cuatro meses de este año, según el informe de la Contraloría General de la República.
Comparado con abril de 2021, cuando este gasto fue de $389.6 millones, hubo un incremento de $15 millones. El acumulado en el gasto de salarios en el sector público durante los primeros cuatro meses de este año sumó $1,580 millones o $67 millones más que en el mismo periodo de 2021.
Pero aún con estas cifras, Solís le da notoriedad al hecho de que los dos gobiernos anteriores, el de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, incrementaron en mayores porcentajes los gastos y el tamaño de la planilla, justo en periodos electorales; que en el caso del presidente Laurentino Cortizo aún no ha llegado.
