El Banco de Desarrollo de América Latina CAF aprobó este jueves un crédito de 800 millones de dólares para Ecuador, que se suma al préstamo pendiente de aprobación por $4 millones de dólares anunciado también este jueves por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador indicó en un comunicado que “el respaldo financiero de la CAF es fruto de un trabajo coordinado que se lo ha concretado luego de que el país alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el FMI”, para un nuevo programa crediticio por 4.000 millones de dólares en el transcurso de 48 meses.”
El plan económico de Ecuador y las políticas públicas que implementa el Gobierno del presidente Daniel Noboa siguen recibiendo el respaldo de los organismos multilaterales”, aseguró el Ministerio en su comunicado.
El Gobierno ecuatoriano detalló que recibirá estos recursos en los próximos días que “constituyen una solución financiera dinámica para enfrentar situaciones de liquidez y consolidar así una gestión estratégica en el manejo de las finanzas públicas”.
Los 4.800 millones de dólares que suman las dos operaciones crediticias de Ecuador con el FMI y la CAF coinciden con la cantidad estimada de déficit estatal con la que cerró el país en 2023, equivalente a cerca del 5% del producto interior bruto (PIB).
Bajo el marco del “conflicto armado interno” declarado a las bandas del crimen organizado, Noboa sacó adelante una de las mayores reformas tributarias de los últimos años en Ecuador, donde entre otros tributos subió el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15%, lo que entró en vigor en este mes de abril.
Con esta medida el Gobierno de Noboa estimó recaudar alrededor de 1.300 millones de dólares adicionales al año. Esa reforma tributaria también sirvió para enfriar la prima de riesgo, que durante su mandato ha descendido de 2,141 puntos a mediados de diciembre a 1,159 enteros este jueves, lo que da más facilidades al Ejecutivo ecuatoriano para acceder a mercados de deuda.
Noboa también ha manifestado su intención de reducir los subsidios a los combustibles, que suponen un gasto de alrededor de $3 millones de dólares al año para el Estado, y de dilatar el desmantelamiento del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos de petróleo más importantes del país, cuyo cierre fue votado el año pasado en un histórico plebiscito nacional.