La entrega de pagarés al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) por parte del Gobierno ha generado un debate intenso sobre la gestión financiera del país.
El fondo debería alimentarse con el excedente en ingresos procedentes del Canal, pero la administración de Laurentino Cortizo termina su gestión nutriéndolo con un método que eventualmente se convertiría en deuda.
El pasado jueves 13 de junio, se vio al ministro de Economía, Héctor Alexander, hacer entrega simbólica de los pagarés al presidente del FAP, José Abbo.
Uno de los objetivos de la creación del FAP fue ahorrar los excedentes generados por el Canal de Panamá luego de la ampliación de la vía, que se inauguró en 2016.
En 2018, se introdujo una modificación a la fórmula utilizada para calcular el monto que se destinaría al ahorro.
Así, para los años 2018 y 2019, de toda la contribución de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Tesoro Nacional que supere el 2.5% del producto interno bruto (PIB), la mitad se debería destinar al ahorro nacional. A partir de 2020, se hizo un ajuste: se debía entregar al FAP el 50% de toda contribución de la ACP superior al 2.25% del PIB.
Sin embargo, los fondos del Canal que correspondían al FAP durante los últimos años nunca fueron depositados, y ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha decidido cumplir con ese compromiso mediante un plan de pagos que consiste en la emisión de pagarés a mediano plazo.
Analistas económicos advierten que el costo de esta movida financiera va más allá del plan del MEF para demostrar que había encontrado la fórmula para cumplir con los aportes al FAP. Hasta hace unas semanas, las autoridades habían ventilado la posibilidad de borrar esta obligación.
Los pagarés emitidos tienen varias condiciones específicas. El monto autorizado es de hasta $1,272 millones en concepto de capital por aportes al FAP, correspondientes al período 2020-2023, además de $690 millones en concepto de intereses. Hay tres años de gracia para el pago de capital y 1.5 años para los intereses, contados a partir de junio de 2024.
El economista Carlos Araúz explicó que esto significaría que estas partidas no estarán en el presupuesto de 2024 ni de 2025, sino hasta 2026, y el primer pago de capital se hará en 2027, cuando José Raúl Mulino tenga casi cuatro años de Gobierno y el país empiece a adentrarse en los procesos electorales internos de cada colectivo.
Son $690 millones en intereses, “más el costo de oportunidad de no tener $1,272 millones en el fondo de ahorro generando al menos 4% de interés”, precisó Araúz.
El economista agregó que “la gracia terminaría costando entre $400 millones y $500 millones en retornos no generados en el fondo en 10 años, más los $690 millones en intereses por endeudarse innecesariamente”.
Francisco Bustamante, economista y exsubdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), considera que utilizar deuda para cumplir con ese requisito, asumiendo un costo financiero, es un “exabrupto” financiero. Sugiere que lo apropiado sería una dispensa únicamente por los años de pandemia, que corresponden al período en el que no se hicieron los aportes al FAP.
En el noticiero matutino de Telemetro Reporta del pasado lunes, el diputado Juan Diego Vásquez criticó el plan del MEF para cumplir con los aportes al FAP. Vásquez señaló que esto viola principios fundamentales establecidos por la ley, que estipula que los recursos destinados al FAP deben provenir de los activos generados por el Canal de Panamá.
“Si ahora él [Alexander] está pidiendo deuda para pagar eso, ¿esa plata dónde quedó? La pagaron en planilla, la pagaron en descentralización paralela, la pagaron en los auxilios que nunca debieron entregar”, aseveró Vásquez.
