La región de América Latina y el Caribe requiere inversiones en infraestructuras por $200,000 millones al año si quiere avanzar para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Así lo afirmó Jordan Schwartz, vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la apertura del foro PPP Américas, que se celebra esta semana en Panamá y aborda las oportunidades alrededor del modelo de asociación público privada.
Se requiere esa inversión “enorme”, equivalente a toda la inversión extranjera directa que se recibe en un año, para mejorar las condiciones de vida de una región en la que solo un tercio de las carreteras están pavimentadas y una de cada cuatro personas no tiene acceso a agua, sostuvo el ejecutivo del BID.
Si no se hacen las inversiones necesarias en infraestructuras, se verá afectado el crecimiento económico, la competitividad y el acceso a servicios públicos de calidad, especialmente para los más vulnerables de la sociedad. Por contra, una inversión bien ejecutada tiene un efecto multiplicador y cada dólar puede llegar a generar hasta cuatro dólares en la economía.
Además del déficit en infraestructuras, la región enfrenta el desafío de una realidad fiscal y macroeconómica compleja, con un nivel de deuda pública que equivale al 70% del producto interno bruto (PIB) y con espacios fiscales que se vieron reducidos a consecuencia de la pandemia.
Este contexto, según Schwartz, obliga a fomentar una mayor eficiencia de la inversión pública y atraer recursos del sector privado para la ejecución de infraestructuras.
Las asociaciones público privadas se formalizan a través de contratos de largo plazo y consisten, básicamente, en que la inversión inicial en un determinado proyecto la efectúa la empresa contratista y luego recupera esa inversión en el tiempo, a través de aportes de los gobiernos o de los usuarios de las infraestructuras.
Según el BID, el modelo aporta valor porque genera mayor eficiencia en términos de costos y tiempos de ejecución y se mide a través de indicadores de desempeño; impulsa la innovación y la transferencia de tecnología; puede contribuir a la acción climática en sectores como el transporte; y aumenta la competitividad.
El BID y otras instituciones multilaterales están trabajando con Panamá en la estructuración de proyectos bajo el modelo de asociación público privada en virtud del marco legal aprobado en 2019.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, destacó varios proyectos que serán licitados con este esquema, como la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana Este, entre Panamá y Yaviza, Darién; la rehabilitación y el mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste, entre La Chorrera, Panamá Oeste y Santiago, Veraguas; y la cuarta línea de transmisión eléctrica.
Alexander dijo que las asociaciones público privadas sirven de complemento a la acción del Estado para que puedan llegar con más rapidez respuestas a la sociedad. A corto plazo, la construcción de los proyectos mueve la economía, mientras que a mediano y largo plazo aumenta la base productiva con la que se generan bienes y servicios para los ciudadanos, sostuvo.
Inversiones de la Unión Europea
En el acto de apertura del foro participó también la embajadora de la Unión Europea (UE) en Panamá, Izabela Matusz, que se refirió a la reciente cumbre entre la UE y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), celebrada en Bruselas, en la que se identificaron inversiones por 45,000 millones de euros ($50,530 millones).
La diplomática dijo que se trata de una lista preliminar de proyectos que surge de la conversación con los gobiernos sobre sus necesidades. En el caso de Panamá, “nos interesa mucho la transformación energética, la interconexión con Centroamérica y la conexión de la última milla, es decir, hacer llegar la electricidad a los lugares más remotos”, planteó.
