La Unión Europea (UE) comenzó ayer una auditoría a Panamá para verificar el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo al país para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Estas recomendaciones fueron planteadas luego de que en 2019 el organismo europeo impuso una tarjeta amarilla a Panamá. Esta advertencia se presenta como un aviso para corregir algunas prácticas relacionadas con la pesca y que, si no se corrigen, podrían restringir las exportaciones de mariscos panameños al mercado europeo.
Con esta revisión, el país se juega a recibir una tarjeta roja que cerraría la puerta a Panamá para exportar mariscos a la UE o, por el contrario, podría recibir la tarjeta verde, que equivale al cumplimiento de las recomendaciones para frenar la pesca ilegal.
Las exportaciones de mariscos son el segundo rubro de los envíos de alimentos de Panamá, después del banano. Por ejemplo, el 90% del atún que exporta Panamá tiene como destino Europa.
A través de los representantes de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare), las autoridades europeas verificarán el cumplimiento de algunas normas que incluyen evitar la pesca sin una licencia válida, en una zona de veda o durante una temporada de veda o utilizar artes de pesca prohibidos, entre otros.
Como parte de las medidas adoptadas, la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal no Declarada y No Reglamentada realizó reuniones con distintas organizaciones, entre ellas, las asociaciones de pescadores artesanales, principales actores de la pesca.
La UE es el mayor mercado mundial de importación de productos de la pesca y, como tal, ha señalado que es la principal responsable de la situación de comercialización en la lucha contra la pesca ilegal.
El reglamento de la UE destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entró en vigor el 1 de enero de 2010. Es aplicable al comercio de productos de la pesca marítima de todos los países con la UE. Su objetivo es garantizar que ningún producto de la pesca capturado ilegalmente acabe en el mercado de la UE.
Como mecanismo para alcanzar este objetivo, el reglamento establece un sistema de certificación de capturas que exige a los Estados de abanderamiento que certifiquen que el pescado capturado por sus buques y comercializado en la UE no procede de actividades pesqueras ilegales.
El sistema garantiza que los buques de los países cumplan las normas nacionales y regionales de conservación y ordenación, así como las normas acordadas a escala internacional.
