Las tres grandes agencias de rating han revisado este año la calificación de Panamá, y en los tres casos han mencionado las presiones que emanan de la falta de avance para resolver la crisis del subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.
Lo hizo S&P Global Ratings, cuando el pasado mes de agosto ratificó la calificación de Panamá en BBB y mantuvo la perspectiva negativa; lo hizo Fitch Ratings, a principios de octubre, cuando ratificó la calificación de BBB-, con perspectiva estable; y lo ha hecho Moody’s Investors Service en su más reciente acción de calificación, a finales de octubre, cuando mantuvo la nota de riesgo en Baa2, pero cambió la perspectiva de esta, de estable a negativa.
En el caso de la crisis del programa del IVM, la fuerte presión sobre las finanzas públicas surgirá ante el eventual agotamiento de las reservas del programa que alimenta el pago de las pensiones de los jubilados, un escenario que se podría concretar entre 2023 y 2024.
Si no se adoptan medidas para procurar la sostenibilidad del sistema, el gobierno central tendrá que elevar las transferencias que hace para apoyar el pago de pensiones, lo que pondría presión para cumplir con las metas de déficit fiscal y con el objetivo de reducir la carga de la deuda respecto del producto interno bruto (PIB).
Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, señaló en una conversación con este diario que la crisis del sistema de pensiones se conoce desde hace muchos años y no se ha logrado solución alguna. Dijo que él es analista principal de Panamá en la agencia desde 2014 y que desde entonces ya se hablaba de la posibilidad de afrontar una reforma al sistema de pensiones.
La situación se deterioró más a raíz de la pandemia y luego el Gobierno de Laurentino Cortizo convocó un diálogo nacional que no ha brindado resultado alguno.
“Lo que vemos es que el avance a través de los años, en cuanto a discusiones de reforma pensional en el país, ha sido bastante lento. No ha habido mucha reacción”, dijo el analista, que destacó además la circunstancia de que actualmente se cuenta con la información: se sabe que el deterioro se ha acelerado y que esto puede tener implicaciones importantes para las cuentas fiscales.
De manera paralela, mientras crecen las presiones por el lado del gasto para el Gobierno, la agencia también llama la atención sobre la falta de reformas estructurales encaminadas a reforzar la recaudación de impuestos.
Merino destacó que en los últimos años han observado que los ingresos tributarios han ido perdiendo peso como porcentaje del PIB, brecha que ha sido compensada por los aportes del Canal de Panamá. Más allá de medidas administrativas, como por ejemplo la introducción de la factura electrónica, la agencia no aprecia cambios de calado en materia tributaria.
Dentro del análisis que hacen las agencias para determinar la calificación de riesgo del país, está la efectividad de la implementación de políticas de gobierno, así como la credibilidad de la política fiscal. Y en temas como la crisis de la seguridad social o la necesidad de apuntalar los ingresos, la respuesta ha sido tardía o no ha llegado, dijo Merino, que compara la pasividad de Panamá con las acciones acometidas por Uruguay para reformar el sistema de pensiones y de Colombia para avanzar en una reforma tributaria.
Se trata de países que están en el mismo escalón de calificación que Panamá, según Moody’s, y por lo tanto son pares con los que se hacen comparaciones.
En su análisis sobre Panamá, la agencia concluye que la ausencia de reformas denota debilidades en la gestión de políticas y representa un factor que, si no se corrige, socavará materialmente el perfil crediticio de Panamá, afectando negativamente las perspectivas de crédito soberano.
Otro aspecto que genera presiones fiscales y por lo tanto para la calificación de riesgo es la creciente rigidez en el gasto público, como resultado de un incremento en el gasto en planilla, transferencias e intereses de la deuda. Se trata de gastos que son más difíciles de reducir que el gasto de capital y por eso cuando crecen se habla de mayor rigidez del gasto.
El aumento en planilla se explica por el aumento de personal y por las leyes especiales que establecen ajustes salariales a determinados profesionales del sector público. De igual forma, ha crecido el gasto en transferencias, en el que se incluyen los subsidios, especialmente a raíz de la pandemia.
En este sentido, Merino dijo que ese componente se debería ir moderando en los próximos años, especialmente cuando el Gobierno empiece a reducir los programas que se implementaron durante la pandemia, pero apuntó que, dado el contexto socioeconómico, con las presiones inflacionarias, el retiro del gasto va a ser algo más lento de lo que se había pensado originalmente.
La unificación de los sistemas de pensiones sería un error: Apede
Con la insolvencia del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones, y ante la intención de proponer reformas desde la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado urgente a la entidad.
Ayer miércoles, el gremio exigió una manera “efectiva, sensata y realista” de revisar el problema y la búsqueda de soluciones a largo plazo, que garanticen la sostenibilidad financiera y el pago de las pensiones con la menor afectación posible a aquellos próximos a alcanzar la edad de jubilación.
En la junta directiva, los representantes del sector trabajador, escogidos a través de los sindicatos, han expresado que la solución es la unificación de los dos subsistemas; el que es exclusivamente de beneficio definido (ya sin fondos) y el subsistema mixto, que incluye un componente de ahorro individual de cada cotizante.
Sin embargo, la Junta Técnica Actuarial ha advertido que la unificación de los sistemas crea una aparente solvencia financiera, pero cuadruplica el déficit en el tiempo.
Apede alerta que la unificación sería un “error” que, además de no resolver el problema, priva a quienes deberán recibir su jubilación, alcanzada la edad correspondiente, ya que sus recursos financieros serán utilizados para pagar las jubilaciones de otros asegurados que se mantienen en el programa de beneficio definido.
“ con una propuesta consensuada, realista y a largo plazo, podremos resolver la crisis financiera en el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social”, reiteró e gremio
El último informe de la junta actuarial precisa que las reservas del subsistema de IVM y el fideicomiso a su favor se agotarán entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
El déficit del próximo año será de $1,123 millones e irá en aumento con el transcurso de los años.
Contabilizando a los actuales y futuros pensionados del subsistema de beneficio definido, la deuda real del programa es de entre $65 mil millones y $75 mil millones.
