La Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 697, la denominada Ley Cripto, que “regula la comercialización y uso de criptoactivos, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, los sistemas de pagos y dicta otras disposiciones”.
El diputado Gabriel Silva, uno de los proponentes del proyecto de ley, comentó ayer a este diario que la iniciativa busca regular y dar seguridad jurídica a una práctica que ya se está dando en el país pero sin una regulación, que es el uso de las criptomonedas.
La norma establece que personas naturales y jurídicas “podrán libremente pactar el uso de criptoactivos”, entre los que se mencionan el bitcóin y otras criptomonedas, “como medio de pago para cualquier operación civil o comercial no prohibida por el ordenamiento jurídico de la República de Panamá”.
Establece además la posibilidad de pago de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias con criptoactivos, aunque para que esto suceda debe haber una reglamentación previa por parte de la Dirección General de Ingresos.
Se crea una licencia para que plataformas de la economía digital puedan operar y establecerse en el país. Felipe Echandi, emprendedor digital que ha participado en la elaboración del proyecto, explicó que este tipo de licencias existen en otros países desde hace muchos años y que las que hay en Panamá no son compatibles con algunos de los modelos de negocio digitales y este es uno de los motivos por los que el país ha estado atrasado en temas de innovación financiera.
Silva explicó que se busca además que el blockchain -la tecnología que está detrás de las criptmonedas- se incluya en la agenda digital del Gobierno, como ha sucedido en otros países, para tener procesos más transparentes, rápidos y eficientes.
Consultado sobre cómo prevenir el lavado de activos con el uso de criptomonedas, Silva se refirió al artículo 17 de la ley, que establece que la Superintendencia de Bancos como supervisor de los sujetos financieros obligados velará por que la reglamentación aplicable tome en cuenta los criterios recomendados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con relación riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de las monedas virtuales; y el balance entre inclusión financiera y la prevención de usos para fines ilícitos.
La intención, según el diputado, es que el proyecto y su supervisión se dé conforme a los estándares de GAFI. Echandi dijo que una iniciativa de este tipo brindará “soluciones más modernas para resolver problemas, entre ellos la deuda existente con la inclusión financiera”.
