El presidente José Raúl Mulino se pronunció este miércoles 2 de septiembre sobre el Proyecto de Ley No. 226, que amplía los descuentos y beneficios para los jubilados, pensionados y adultos mayores, y señaló que el futuro de la iniciativa se definirá en una mesa de negociación de alto nivel.
Antes de proceder con la sanción o el veto de la legislación tras la aprobación de la norma en la Asamblea Nacional el pasado 27 de agosto, el presidente Mulino anunció que convocará a una reunión crucial la próxima semana en el Palacio de las Garzas para sentar a las partes en conflicto.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario confirmó que liderará personalmente el encuentro, el cual contará con la participación de tres representantes de los gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
“Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia... con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados”, manifestó Mulino.
El mandatario dijo que espera y confía en “encontrar solución a los problemas generados por dicha aprobación legislativa”.
Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados. Espero y confío…
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 2, 2026
El núcleo de la controversia
El Proyecto de Ley No. 226, aprobado en tercer debate con una abrumadora mayoría de 47 votos a favor y solo uno en contra, modifica la histórica Ley No. 6 de 1987.
La nueva propuesta introduce un paquete de beneficios que incluye aspectos como:
Espectáculos: Descuentos de hasta el 50% en cines y teatros.
Turismo y transporte: Rebajas del 25% en pasajes aéreos y hasta el 50% en hoteles de lunes a jueves.
Salud: Un 30% de descuento en medicamentos y un 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas.
Servicios básicos: Reducciones tarifarias en agua, internet, televisión por cable y equipos de asistencia médica.
Alerta en el sector empresarial
La intervención del Ejecutivo surge como respuesta inmediata a las fuertes advertencias lanzadas por el sector privado. Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), considera que la medida podría tener un efecto inflacionario, solicitó el veto del proyecto tal como está planteado y propuso abrir una mesa de diálogo para evaluar su impacto y buscar una fórmula que permita beneficiar a quienes realmente lo necesitan sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas.
En tanto, los gremios de jubilados consideran que se trata de justicia social.
Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos de Jubilados, ha destacado que la ley que establece estos beneficios data de 1987. “Una ley que data de cuarenta años tienes que adaptarla a los tiempos”, afirmó el dirigente, quien considera insuficiente que algunos de los descuentos solo hayan sido incrementados en cinco puntos porcentuales.
Sostiene que los porcentajes de descuentos en la ley original, hace 40 años, se ubicaban entre 15% y 50%. “No nos hemos salido de ese parámetro”, reiteró Cortés.
