¿Quiénes fueron los abogados, financistas, economistas, ambientalistas y demás especialistas, nacionales o extranjeros, que representaron a Panamá en la negociación del contrato con Minera Panamá, S.A.? ¿Cuánto fue el gasto en honorarios de todo el equipo negociador?
Las respuestas las busca Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), que este jueves 9 de noviembre se presentó en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con el abogado Ernesto Cedeño, para presentar una solicitud de información al respecto, amparada en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).
Lombana también pidió copia autenticada de las notas dirigidas por el ministro del MICI, Federico Alfaro, y su antecesor Ramón Martínez (actual embajador de Panamá en Estados Unidos) al procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que pide mantener “en reserva” todas sus opiniones sobre la renegociación y aprobación del nuevo contrato con la empresa minera. La semana pasada, González y el procurador de la Nación, Javier Caraballo, emitieron sendas opiniones a la Corte Suprema en las que señalan que la Ley 406 de 2023 es inconstitucional.
Igualmente, Lombana solicita copia de los informes, comentarios, opiniones, actas de reuniones, cartas y/o documentos contentivos de información técnica por parte de los abogados, financistas y el resto del equipo negociador.
Movimiento Otro Camino presenta ante el Ministerio de Comercio una solicitud de información.
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 9, 2023
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“En su momento habrá que deslindar el grado de responsabilidad que le compete a cada quien, no solo frente a la historia, sino también frente a la justicia”, indica Lombana en su solicitud de información, dirigida al ministro Alfaro.
En las notas que Alfaro y su antecesor Martínez ordenaron mantener en reserva, el procurador González les previno de no incurrir en las mismas faltas cometidas en el Contrato Ley 9 de 1997 (que fue declarado inconstitucional 20 años después), como la falta de licitación pública.
El MICI no hizo mucho caso a González, ya que, en sus observaciones a la Corte, señala que la Ley 406 de 2023 contiene aspectos del Contrato Ley 9 de 1997 que fueron declarados inconstitucionales.
