Una lista insustancial de recomendaciones para salvar al quebrado subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones entregará la junta directiva de la Caja del Seguro Social (CSS) al presidente Laurentino Cortizo.
La responsabilidad de la directiva de la CSS es proponer cambios legales o medidas correctivas en caso de que el informe de la Junta Técnica Actuarial (JTA) determine un déficit financiero en el programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de beneficio definido en un periodo no mayor de 90 días después de recibir el dictamen del reporte.
Este periodo vence hoy. Y contrario a lo que planteaba la lógica de la discusión a lo interno del colegiado, ninguna de las recomendaciones tiene un sustento financiero que mida su impacto, el aporte que tendrá en los ingresos del IVM o desde cuándo se aplicaría.
Se plantea modificar el artículo 101 y el artículo 153 de la Ley 51 de 2005 de la CSS para efectos de que el 10% de los ingresos brutos que percibe el Estado en materia de concesiones de telecomunicaciones que utilicen fibra óptica sean asignados al IVM.
Además de incrementar los aportes del Estado en no menos de $350 millones al año para compensar el déficit actuarial del IVM, cifra que sería revisada con cada presentación del informe actuarial correspondiente a las próximas vigencias fiscales.
En las propuestas que se le entregarán al presidente Cortizo también se incluyó una modificación a la ley de la CSS para que se puedan hacer inversiones de las reservas hasta por un 30% en cada una de las inversiones.
Además de explorar las posibilidad de modificar la distribución porcentual de los ingresos para que el IVM tenga mayor prioridad frente a los demás programas que administra la CSS.
Estas sugerencias nacieron del sector trabajador sentado en la directiva de la CSS, que también había solicitado -sin éxito- la unificación del sistema exclusivamente de beneficio definido con el programa mixto, que incluye cuentas de ahorro individual.
Así mismo como la idea de la fusión de los programas no vio la luz, tampoco prosperó la recomendación del Consejo Nacional de la Empresa privada (Conep), que proponía un sistema de pilares, incluyendo un primer segmento solidario no contributivo; un segundo pilar que dependería de las cotizaciones de los trabajadores y sería obligatorio; además de un tercer renglón complementario y voluntario con enrolamiento automático.
También quedaron anuladas las aspiraciones de los trabajadores que pedían como ingresos adicionales al IVM el 10% de los ingresos que percibe el Estado de la actividad minera y el 10% de los aportes del Canalde Panamá.
Previamente, el Conep había advertido que no estaba de acuerdo con medidas “paliativas”, las cuales no atacan el problema de raíz ni resuelven la crisis financiera del IVM de forma integral y sostenible.
En tanto, ayer martes el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) continuócon su discurso de que los cambios legales que propone el sector empleador intentan la privatización de los fondos de los asegurados para colocarlos en la ruleta rusa de la especulación financiera.
