En cuatro años Panamá ha logrado acumular el enorme monto de $9,779 millones en la entrega de subsidios.
De forma sistemática se ha venido abultando la cuenta en este renglón, al punto que si los aportes del Canal fueran destinados a una cuenta con la que se pagaran únicamente las subvenciones estatales, casi que no quedarían fondos disponibles al cierre de cada ejercicio fiscal porque los subsidios absorben toda esa contribución.
Al cierre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contabilizó $2 mil 347 millones otorgados en concepto de subsidios, mientras que los aportes del Canal al Tesoro se presupuestaron en $2 mil 494 millones.
En 2021 los aportes del Canal fueron por $2 mil 80 millones, en tanto que los subsidios sumaron $2 mil 889 millones; mientras que en el 2020 el Canal aportó al Estado $1,824 millones y el gasto en subsidios ascendió a $2 mil 848 millones, es decir, mil 24 millones de dólares más solo en ese año.
En 2019 los subsidios no rebasaban los $2,000 millones. Para ese momento se registraban $1,695 millones.
Cuando se compara el comportamiento de los subsidios al cierre de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas reporta una reducción de $542.3 millones con respecto a 2021, según las cifras preliminares, pero habría que ver realmente el comportamiento de la cifra revisada, entendiendo que el año pasado el Gobierno se atrasó en el reembolso de estas subvenciones. Basta recordar cuando los comercios se quejaban de esta situación.
Los subsidios otorgados por el Gobierno en concepto de becas escolares o vales digitales - canjeables en supermercados y tiendas departamentales- se volvieron una pesada carga para los comercios.
Se supone que luego de aceptar este método de pago a los clientes, los comercios, abarroterías y cadenas de supermercados presentan las cuentas al Estado para que se les transfieran los fondos correspondientes a las compras facturadas, pero en marzo de 2023 se les adeudaban cuentas desde octubre de 2022.
Igual le sucedía a las constructoras que forman parte del Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
En este caso se les adeudaba $50 millones, como parte de un programa que implica un aporte o subsidio de 10 mil dólares que se otorga a través del Miviot a las personas que desean adquirir su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los 70 mil dólares.
El Gobierno ha podido contabilizar que del total de los subsidios registrados en 2022, $1,680.9 millones corresponden a los hogares, lo que comparado con el año 2021 representa una disminución del 25%, debido al descenso de los aportes vinculados con la covid-19.
Con el llamado apoyo social por covid-19, los hogares recibieron ayudas por $411.3 millones, lo que representó una reducción de $721 millones en comparación a 2021, debido a la reactivación de muchos trabajadores que previamente estuvieron recibiendo un vale digital al estar desempleados a raíz de la pandemia.
Fue así como el monto mensual por ayudas por covid-19 fue descendiendo mes a mes, al pasar de $69.5 millones en enero de 2022 a $5 millones en diciembre de ese año.
Pero mientras algunas partidas iban descendiendo, otras aparecían por primera vez en las cuentas nacionales, teniendo un peso importante.
Tal es el caso del “apoyo al combustible”, que representó pagos por $119.8 millones, según el MEF, a raíz de que el Gobierno decidió subvencionar la gasolina de 91 y 95 octanos para aliviar el golpe ascendente que mostraban los precios del combustible a nivel mundial, lo que sentía Panamá al ser un país netamente importador.
Uno de los principales reclamos de varios sectores del país es la sostenibilidad de los subsidios a través del tiempo.
El Gobierno, por ejemplo, ya anunció el fin del subsidio para la gasolina de 95 octanos a partir del 22 de abril, pero economistas y financistas llevan años advirtiendo sobre la necesidad de un análisis exhaustivo de todos las subvenciones, como, por ejemplo, la del gas, que se da sin ningún control y a quienes no lo necesitan.
Tras financiar parte del precio del tanque de gas de 25 libras, el Estado terminó asumiendo $115 millones en 2022.
La calificadora Moodys ha reconocido que el gasto social relacionado con la pandemia se retirará gradualmente, pero las consideraciones del costo de vida vinculadas con una mayor inflación probablemente limitarán una reducción de los subsidios que otorga el Gobierno.
Para comprar los productos que componen la Canasta Básica Familiar de Alimentos, una familia promedio gastó $284.38 en febrero de este año, según el reporte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
Esto representó un alza de 3.7% comparado con los precios de hace un año, lo que de alguna manera refleja la tendencia inflacionaria de la que ha venido hablando Moody´s.
La Caja de Seguro Social (CSS) es una dependencia que recibe ayuda directa del Gobierno central, que en el 2022 aportó $520.6 millones. Los fondos ayudan a subvencionar el subsistema de beneficio definido de pensiones, prestaciones económicas a trabajadores de las bananeras y programas como el de enfermedad y maternidad.
En cuanto al subsidio total de las empresas, el Gobierno contabilizó $145 millones, es decir, un alza de $13.8 millones, debido a las exoneraciones del impuesto de importación.
El lastre de las deudas con proveedores
El Gobierno central tenía cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2022 que ascendían a $1,416.2 millones, de las cuales el 81.4% corresponden a los Ministerio de Salud (32%), Obras Públicas, Educación, Economía y Finanzas y Desarrollo Agropecuario, precisó ayer la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo De Obarrio.
A esto agregó que las cifras actuales de Inversión Extranjera Directa, indican que en los últimos dos años no se han superado los $2 mil millones, cuando previo a los años álgidos de la pandemia marcaba cifras por arriba de los $4 mil millones.
“Para que nuestro país realmente sienta los efectos de esa inversión la misma debería alcanzar los $5 mil millones anuales”, dijo la empresaria.
”A estos factores se suman también planes de estudios obsoletos, que alejan a nuestra juventud de las necesidades reales del mercado laboral en cuanto a mano de obra calificada, y la desatención de necesidades básicas como el acceso al agua potable”, recalcó en el mensaje semanal que todos los domingo transmite el gremio.
