Implementar la agenda de transición energética en Panamá que tiene metas al 2030 y al 2050 significarán una inversión de al menos 9 mil millones de dólares, de los cuales 4 mil 500 millones de dólares se destinaría n a proyectos del sector privado y el resto del sector público.
Esto incluirá planes para la sustitución progresiva de los combustibles fósiles o reducir su uso en el transporte terrestre y marítimo, y hasta aéreo. Además de elevar la participación de energías limpias como solar, eólica, hidroeléctrica y fomentar nuevas fuentes como el hidrógeno verde.
Así lo expuso la secretaria Nacional de Energía, Rosilena Lindo Riggs, en el Foro de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), al actualizar la agenda energética que a su juicio debe ser continuada por la próxima administración dado los compromisos que ha hecho el país para 2030, 2040 y 2050.
“Uno de los beneficios al momento de implementar la transición energética, es que se espera una meta de crecimiento del producto interno bruto significativo y que se creen 140 mil nuevos empleos. Además de que se estaría generando un ahorro de 10 mil 500 millones de dólares en subsidios para el año 2050 que no tendrían que aplicarse si se sustituye el combustible fósil por fuentes renovables limpias″, dijo Lindo Riggs.
Lindo asegura que la reciente licitación para contratar el suministro de 400 megavatios (MW) exclusivos para empresas que generen energía renovable dará la oportunidad para que con los nuevos proyectos energéticos se creen 4,500 empleos. Desde hace casi 10 años no había una licitación de energía de largo plazo.
“Para poder asegurar que la transición energética sea exitosa, hay cambios, no solo tecnológicos y políticos, también de regulación. Hay una hoja de ruta con metas semestrales. Son 242 líneas de acción que deben ser ejecutadas tanto por instituciones del Gobierno como por la empresa privada, en un marco de tiempo específico para lograrlo y llegar a buen puerto en el 2030″, dijo Lindo, al indicar que el avance de ejecución de esta agenda se ubica en el 40%.
Lindo sostuvo que en 2023 el aporte de la energía solar a la matriz energética por primera vez alcanzó el 13%. Según el Centro Nacional de Despacho, ayer 12 de febrero, la generación de energía solar alcanzó el 27.4% a la 1:54 p.m., mientas que la eólica estaba en 9.11%, la hídrica en 28.34% y la térmica principalmente a través de gas natural estaba en 35.09%.
Inversiones
Entre 1999 y el año 2022 se han invertido 2,427 millones de dólares en distribución eléctrica, 1,013 millones de dólares en proyectos de transmisión y 6,653 millones de dólares en generación. Sin contar la inversión en autoconsumo de empresas privadas.
En Panamá 4.8% de los hogares no tienen electricidad
Mientras se habla de la transición, el sector energético y expertos en la industria manifiestan que uno de los retos de esta agenda es la ejecución efectiva y que no tropiece con los obstáculos burocráticos propios de las administraciones públicas. O incluso que pueda ser trastocada por una nueva administración.
Los proyectos que se diseñan y no se concretan es uno de los problemas, sumado a que no hay continuidad, las licitaciones se demoran y las obras necesarias para atender el crecimiento de la demanda energética no se ejecutan. A la par que la cobertura del servicio es deficiente o de baja calidad en muchas zonas
Mientras se habla de energías limpias, aún hay un porcentaje de hogares y viviendas en el país que no cuentan con el servicio de electricidad. Las quejas frecuentes de la mala calidad del servicio, los apagones en Panamá Oeste y en varias zonas del interior es la constante por parte de los consumidores.
Arturo Alarcón, especialista sénior en energía para del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien participó del foro de Apede, precisa que unos de los retos de la transición energética es que se garantice la seguridad energética con fuentes generadas en el país y no se dependa de las importaciones, a la vez que se garantice el acceso universal al servicio.
Se estima que entre 59 mil y 65 mil hogares no cuentan con electricidad en Panamá. El acceso universal al servicio es una de las líneas de acción de la agenda de transición y enfrenta retos para lograrlo.
El último Censo (2023), indica que alrededor de 4.8% de las viviendas en Panamá, de un total de 1.2 millones de viviendas particulares ocupadas, no cuentan con el servicio eléctrico, esto puede abarcar entre 59 mil y 65 mil hogares.
Otro tema en el que el país todavía está retrasado es en la movilidad eléctrica. Aunque se ha incrementado la venta de autos eléctricos, la proporción en el universo del mercado aún es muy pequeña.
Alarcón considera que la movilidad eléctrica en Panamá aunque tiene mucho potencial, tomará más tiempo en acelerarse. “La movilidad eléctrica aún es un tema de la clase media alta y se tiene que buscar las políticas públicas para democratizar la movilidad eléctrica”, mencionó.
Las mega obras pendientes
Dentro del sector energético hay dos proyectos pendientes, que se vienen arrastrando desde hace varias administraciones, pero la actual tampoco la aceleró: La cuarta línea de transmisión eléctrica y la interconexión con Colombia.
En noviembre el gerente de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), Carlos Mosquera, dijo que a más tardar en enero de este año se presentarían los pliegos para licitar la cuarta línea de transmisión, pero ya vamos en febrero y el proceso sigue sin dar luces.
Mosquera indicaba a varios medios incluyendo a La Prensa, que para cumplir con los tiempos de ejecución y que entrara esta infraestructura en operación entre 2027 y 2028, se debía convocar la licitación con urgencia en enero de este año y firmar el proyecto entre junio y julio.
El proyecto, con una extensión de 371 kilómetros que va desde Bocas del Toro hasta Panamá, se estima en 760 millones de dólares y el plan es ejecutarlo a través de la modalidad de Asociación Público Privada (APP).
En la administración actual de Laurentino Cortizo, tampoco se dio luz verde a la línea de interconexión eléctrica con Colombia.
Mosquera dijo este proyecto estaba en la etapa final de elaboración del Informe Técnico por parte de Panamá, que registraba un avance de 90%, pero faltaba aún llegar a acuerdos con la Comarca Guna Yala, zona por la que pasará la línea. Mientras que en el caso de Colombia el estudio de diseño terrestre y marino estaba a finales del año pasado en 70% de avance.
Este proyecto tiene una extensión de 500 kilómetros y una capacidad de 400 MW, y el costo se calculaba en 500 millones de dólares y cada país tendrá que pagar la mitad y buscar financiamiento.
“Panamá por su posición es un país que puede ser el eslabón que une a Suramérica con Centroamérica”, recalcó el experto del BID.
Considera Alarcón que se debe continuar con la agenda de transición energética y con las políticas públicas en el sector, pero indica que deben ser vistas como una política de Estado y no como un plan de un determinado gobierno. Es decir se debe garantizar la continuidad. A la vez que se cree el marco y las reglas claras para que el sector privado pueda invertir.
Armonizar las leyes
Cristóbal Samudio, presidente de la comisión de Energía y Combustibles y Apede, dijo que para cumplir con la agenda de transición energética se debe armonizar las legislaciones que se tiene actualmente con esas metas.
Dijo que parte de las inquietudes de los representantes de los distintos candidatos presidenciales que expusieron en Apede, está la propuesta de la separación por ejemplo del Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) que se ha mencionado en varias propuestas en años anteriores, además de la posibilidad de que el sector privado también participe de la transmisión eléctrica.
Samudio coincide en que se deben acelerar los proyectos como la interconexión eléctrica con Colombia, que recordó que está prevista desde el plan de transición energética de 2015.
