Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, informó este lunes que empezó a reducir su capacidad de procesamiento de minerales.
A través de un comunicado, la compañía concesionaria del proyecto Cobre Panamá, alegó que la reducción de operaciones se debe a un “bloqueo ilegal” ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón de la mina, en Colón.
“Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía, que es necesario para el pleno funcionamiento y para el manejo seguro del medio ambiente, incluido el funcionamiento y mantenimiento de la instalación de gestión de relaves. Además, las acciones ilegales han obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques”, detalla la empresa.
Más allá de los efectos puntuales de los cierres, First Quantum ha perdido más del 40% de su valor desde que el presidente Laurentino Cortizo hizo un llamado para convocar a una consulta pública del contrato minero. Sus acciones se han desplomado mientras la actividad minera enfrenta una férrea oposición de ciudadanos, grupos ambientalistas, pueblos originarios y trabajadores sindicalizados.
Hay un descontento generalizado por la aprobación del contrato, los términos alcanzados y los posibles daños ambientales irreparables durante la vigencia del acuerdo, por 20 años prorrogables.
“En caso de que las actividades normales en el puerto no se restauren, la disminución en el procesamiento de minerales en Cobre Panamá tendrá un impacto directo en más de 7,000 colaboradores y contratistas, así como en otras 40,000 personas cuyos medios de vida dependen directamente de la prestación de servicios a la mina”, aseguró la empresa.
Minera Panamá detalló que están adoptando un enfoque “sistemático y responsable para ajustar sus operaciones en función de estas circunstancias”.
En la actualidad, hay nueve demandas de inconstitucionalidad presentadas en la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 406, de octubre de 2023, que renovó el contrato entre Minera Panamá y el Estado Panameño. A la vez, diversos grupos del país mantienen sus acciones de protestas en rechazo al contrato, lo que ha generado una crisis social.
Los cierres de calles, los enfrentamientos y disturbios en el país han tenido como resultado la muerte de 4 personas y más de 1,000 detenidos.
