El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) decretó este viernes 2 de junio un arbitraje obligatorio, después de más de 24 horas de huelga en la empresa PSA (Panama International Service), que opera el puerto ubicado en el lado oeste de la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.
Ayer, 1 de junio, los trabajadores del puerto iniciaron una huelga, tras asegurar que la empresa había incumplido cuatro puntos de la convención colectiva firmada hace dos años y que tiene vigencia hasta el año 2024.
Con el arbitraje obligatorio Mitradel lograría la reanudación de actividades en el puerto mientras se resuelve el conflicto laboral.
La entidad informó que la decisión “ha sido el resultado del análisis jurídico de la situación planteada en este conflicto, después de haberse agotado los procesos de conciliación y ejercido el derecho a huelga por parte de los trabajadores, considerando la importancia económica de la actividad portuaria y la afectación que precisamente en el ámbito económico acarrea el ejercicio de la huelga en un país cuya actividad principal es de comercio y servicios”.
Pero el Sindicato Industrial de Trabajadores de Servicio de Carga Portuaria y Terrestre (Sitrasecapot) advirtió que Mitradel ha impuesto un arbitraje obligatorio en la huelga de PSA sin notificar formalmente a los dirigentes sindicales y sin el fundamentado de hechos concretos que justifiquen que la medida era necesaria.
“El arbitraje es ilegal y busca permitir la apertura del puerto y pasar por encima del proceso de huelga”, dijo Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, gremio al cual pertenece el Sindicato Industrial de Trabajadores de Servicio de Carga Portuaria y Terrestre (Sitrasecapot).
“Las reglas y principios de la norma laboral panameña, son aplicadas en cada caso, atendiendo la interpretación más apegada a los principios generales del derecho del trabajo, asegurando los derechos de ambas partes. Libre de cualquier presión exterior, esta administración seguirá velando por los intereses del país, aplicando las normas bajo el criterio de asegurar las fuentes de empleo y los derechos fundamentales de los trabajadores”, precisó el Mitradel a través de una nota de prensa.
De acuerdo con Gil, desde hace dos años, la compañía está recortando los bonos por productividad que se negociaron en la convención colectiva, así como falta de estacionamientos para los vehículos de los trabajadores y un servicio regular de transporte en horarios nocturnos.
“Si hubiesen dado el bono y adecuado los estacionamientos para evitar que se inunden los automóviles de los trabajadores, el conflicto laboral se hubiese podido evitar. Asumir estos montos eran irrisorios comparados con los efectos de la huelga”, dijo Gil, quien aseguró que los trabajadores se mantendrán en su posición hasta que se cumpla con los requisitos legales para decretar un arbitraje obligatorio.
