El decreto ejecutivo No.101 que convierte en norma de carácter obligatorio acuerdos de la mesa tripartita de diálogo para la economía y el desarrollo laboral, en materia de la jornada laboral, fue publicado en Gaceta Oficial por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), este lunes 13 de julio.
El decreto ejecutivo No.101 de 13 de julio de 2020, señala que el acuerdo de modificación o reducción temporal de la jornada de trabajo, que incluye convenir métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis, no afectará la rata por hora pactada en el contrato de trabajo vigente.
Decreta que “el acuerdo de modificación o reducción temporal de la jornada de trabajo tendrá una disminución máxima del 50% de las horas de trabajo por mes”.
También resuelve que los efectos de los acuerdos de modificación temporal de la jornada de trabajo, suscritos durante el año 2020, por empleadores y la organización sindical, o de los trabajadores donde no exista ésta, no se extenderán más allá del 31 de diciembre de este año.
Agrega que “los descuentos y retenciones legales serán ajustados de conformidad con el salario que resulte de la modificación de la jornada de trabajo acordada, conforme a los porcentajes establecidos en el artículo 161 del Código de Trabajo”.
También determina que durante la vigencia del acuerdo de modificación temporal de la jornada de trabajo de los efectos del contrato de trabajo, las empresas podrán contratar trabajadores, siempre que dichas contrataciones se refieran a posiciones nuevas, para las cuales no se cuente con personal antes del acuerdo de la reducción temporal de la jornada de trabajo. esta decisión deberá ser informada por escrito a la organización sindical, o a los trabajadores donde no exista ésta.
El decreto lleva la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo y la ministra de Trabajo, Doris Zapata.
Zapata presentó este lunes, de forma virtual ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que establece medidas laborales hasta el 31 de diciembre que −según el Ejecutivo− intenta garantizar la estabilidad de los trabajadores y de las empresas que se han visto afectados por la pandemia de la Covid-19.
