El panorama para las promotoras que construyen las viviendas de interés social se torna complejo, ya que el Gobierno Nacional les adeuda la significativa suma de $140 millones, correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda.
Esta deuda, según advierten, no solo constituye un incumplimiento financiero, sino que también coloca en peligro a aproximadamente 16 mil hogares de interés social que se desarrollan en todo el país.
El programa implica un bono o subsidio de $10 mil que se otorga a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a las personas que desean adquirir su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los $70 mil.
Se consultó a Erika Salazar, ingeniera de la promotora Provivir, quien subrayó que hay proyectos que tienen hasta un 90% de avance y, de continuar con la morosidad, las empresas no podrán continuar con las obras.
“Eso también nos afecta a nosotros como colaboradores, ya que el gobierno al no cumplir las compañías podrían liquidar al personal”, indicó.
Se trata de una problemática que se ha agravado con los años. Por ejemplo, el año pasado el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, sostuvo una reunión con dueños de las promotoras a quienes manifestó que el problema con los pagos se debe a los “ingresos limitados” de la entidad.
