La empresa brasileña Odebrecht se aferra a su defensa inicial sobre las razones que le habrían impedido cumplir con los trabajos para terminar la construcción de la nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tal como se estableció en la adenda 8 que se le hizo al contrato firmado en 2012.
A finales del año pasado, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) solicitó a Tocumen y Odebrecht presentar sus argumentos y pruebas para determinar si es válida la apelación que interpuso a finales de 2021 la empresa brasileña contra la resolución administrativa del contrato que hiciera Tocumen.
Veintiún días después de que Tocumen cumpliera con el llamado del TACP, Odebrecht entregó sus respuestas al Tribunal, acompañadas con más de 400 pruebas compuestas por fotos del estado del proyecto y correos enviados a Tocumen que sustentan sus argumentos sobre las razones que le impidieron cumplir con el plazo acordado en la octava adenda.
La empresa brasileña sostiene que la razón principal que le impidió cumplir con los trabajos pendientes en el edificio de 116 mil metros cuadrados fue el incumplimiento en el calendario de pago por parte de Tocumen.
La compañía no específica cuánto le adeuda el aeropuerto, pero voceros de la terminal aérea han señalado que, de los $917 millones que terminó costando el proyecto, el contratista recibió $910 millones, faltando por acreditar el monto relacionado con los trabajos pendientes y las retenciones establecidas en el contrato original.
Adicional, el contratista sostiene que los obstáculos provocados por la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19) impidieron que recibiera equipos y suministros para cumplir con sus obligaciones.
Sobre este punto, los voceros del aeropuerto agregan que en la adenda 7 se contemplaron los retrasos provocados por las restricciones de movilidad implementadas durante los dos primeros años de la pandemia respiratoria.
Odebrecht reconoce que tiene trabajos por terminar en la nueva terminal, pero asegura que no son 318, como declaró Tocumen, y sostiene que solo son 69.
La empresa indica que, a pesar de la decisión del aeropuerto de anular el contrato, ha mantenido personal en el proyecto para terminar los trabajos pendientes, que contabilizaron en 10 mil 547 cuando Tocumen firmó la entrega sustancial del proyecto, en febrero de 2020.
Odebrecht asegura que, si Tocumen se pone al día con los pagos atrasados, tiene la capacidad de solucionar todos los pendientes en el proyecto en un plazo de 90 días, aunque insiste en que la falta de ejecución no es su responsabilidad.
Entre los pendientes estarían la solución de las filtraciones en el techo que, de acuerdo con la empresa, solo se han detectado en el 0.2% de la cobertura del edificio de 115 mil metros cuadrados. También la empresa indicó al Tribunal que en 90 días después de recibir los pagos, puede terminar con la instalación de los soportes antisísmicos, los cuales, explica que son complementarios al anclaje principal de los ductos instalados a lo largo del proyecto.
El contratista brasileño, que ha confesado el pago de sobornos en una docena de países, incluyendo Panamá, aseguró al TACP que ninguno de los trabajos pendientes, han impedido el funcionamiento de la nueva terminal, que cuenta con 20 puertas de abordaje.
Sobre este punto, como parte de la información entregada al Tribunal, Tocumen sostiene que daños en el asfalto impiden utilizar cuatro calles de rodaje de la nueva terminal de pasajeros, la cual opera desde el miércoles 22 de junio pasado.
Sumado a los daños en las calles de rodaje, Tocumen indica que hay deficiencias en el sistema de enfriamiento de la terminal ante la falta del balance final de los equipos, sumado a la integración total del sistema contra incendios y de la plataforma que controla todos los equipos instalados en la terminal.
Sobre la falta de balance en el sistema de enfriamiento, Odebrecht asegura que el aeropuerto contrató a un tercero para realizar este trabajo, afectando así la garantía de los equipos.
“A pesar de que teníamos un acuerdo con el fabricante de enviar un técnico para revisar el problema, la acción del aeropuerto afectó la garantía, y ahora el fabricante se ha negado a realizar el balance”, indica la compañía brasileña.
Pese a esta declaración, Odebrecht enfatizó que si Tocumen cumple con los trabajos, en 90 días podría solucionar el problema.
Rechazan impugnación
Además de solicitar pruebas a Tocumen y Odebrecht para respaldar sus argumentos, el TACP pidió a las dos partes nombrar sendos peritos que se encargarán de realizar inspecciones en la nueva terminal, a fin de obtener más detalles de la construcción y las razones del atraso en el proyecto.
Ante esta solicitud, Tocumen designó al ingeniero José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, y a José Hidrogo, contador público autorizado, para realizar las pruebas periciales solicitadas por el TACP.
Cinco días después de que Tocumen informó al Tribunal el nombre de los peritos, la empresa brasileña solicitó que ambos fueran descalificados, ya que habían participado en el proceso de auditoría, cuando el Centro de Arbitraje los designó como los técnicos que darían un dictamen en el arbitraje solicitados por la propia Odebrecht contra la anulación del contrato.
En opinión de Odebrecht, al haber realizado una prueba pericial dentro del proceso de arbitraje, Hidrogo e Icaza están impedidos de participar en el proceso que adelanta el TACP, porque ya han expresado su opinión sobre el origen de los hechos que llevaron al aeropuerto a dictaminar la anulación del contrato.
Luego de realizar dos audiencias, el Tribunal negó la impugnación presentada por Odebrecht y señaló que durante las audiencias se pudo comprobar la imparcialidad y profesionalismo de ambos peritos.
